El miércoles a las 12:30 horas llegó hasta el Tribunal de Garantía de la capital regional el director jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas, Rodrigo Henríquez, para presentar una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los daños causados en bienes nacionales de uso público, acción judicial con la cual se busca perseguir y sancionar en especial a quienes, de manera sistemática, han realizado rayados y daños en los 23 nuevos paraderos de locomoción colectiva de la ciudad.

En este contexto, el abogado municipal indicó que por mandato del alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, se ha presentado la solicitud de acciones legales al Ministerio Público, entidad que deberá investigar quienes son los individuos que inescrupulosamente dañan el patrimonio municipal.

Al respecto, Henríquez aclaró que el año antepasado la Municipalidad de Punta Arenas procedió a la instalación de paraderos para los usuarios de locomoción colectiva, avance que fue acogido como de gran utilidad por los vecinos y habitantes de la ciudad de Punta Arenas. No obstante, a poco andar los 23 refugios peatonales se han tornado en un foco de acción vandálica. comprometiendo gravemente el interés público y el patrimonio de la municipalidad.

En cuanto a la reparación de los daños en los paraderos de policarbonato el escrito legal apunta que a la fecha ya se han realizado 14 jornadas de limpieza para recuperar la visibilidad desde dentro de los refugios peatonales, con un costo de $ 478.000 por cada jornada. Sin embargo, debido al estado de deterioro creciente por el que atraviesan las estructuras en la actualidad, una restauración general asciende a la suma de $ 2.343.000 por cada uno de los paraderos.

Cabe señalar que la solicitud de persecución hacia los vándalos se encuentra,  a su vez, avalada por la ordenanza municipal dictada en noviembre de 2011 denominada “Ordenanza sobre graffitis, rayados, pinturas y otros daños en elementos mobiliarios ubicados en bienes nacionales de uso público, fiscales, municipales o propiedad privada en la comuna de Punta Arenas”.

Por último, vale mencionar que en la interposición de la querella criminal el abogado Henríquez hizo un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de daños, instancia en la que destacó que es responsabilidad de todos velar por el bien común y el cuidado de la infraestructura pública.