La mañana de ayer y luego de más de dos años de acuciosa investigación, el Ministerio Público finalmente formalizó a cinco de las seis personas investigadas por los delitos de negociación incompatible, fraude y estafa en perjuicio del Fisco de Chile por un monto estimado en $ 520 millones.

La audiencia que tuvo lugar a partir de las 9:00 horas en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, contó con la presencia del fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Juan Agustín Meléndez Duplaquet, y del fiscal especialista en delitos de corrupción, Felipe Aguirre Pallavicini, quienes tuvieron por fin informar a Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del Gobierno Regional; a Javier Gómez Letelier, ex asesor comunicacional de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia; a Patricia Leiva Narváez propietaria de la empresa Rayén SPA, a su pareja, Javier Gajardo Castro, representante legal de la misma y a su administrador Hugo Reyes Tureuna, de su procesamiento y de los cargos que deberan enfrentar en el juicio de la causa.

En este contexto, cabe recordar que el denominado "caso Rayen" surge luego que en marzo de 2012, estando la ciudad de Punta Arenas en zona de catástrofe por el desborde del Río de las Minas, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena celebró contratos con la empresa contratista Rayén SPA, en los que a traves de cobros indebidos y maniobras fraudulentas se habrían visto lesionados los intereses del Fisco de Chile, defraudando a éste en una suma superior a los $ 500 millones, tal como se menciona en el primer parrafo.

De acuerdo a la formalización, estas maniobras se lograron debido a que Luis Sáez y Javier Gómez eran parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), instancia presidida por el intendente regional de la época, en cuyo seno se habrían gestado las influencias para adjudicar a la empresa “Rayén” el contrato para la limpieza de los escombros en la ciudad de Punta Arenas, sin que esta firma hubiera antes acreditado tener la experiencia, ni las competencias, ni la maquinaria necesaria para dar cumplimiento a la tarea encomendada.

En la oportunidad, el fiscal regional formalizó también a Luis Sáez por el delito de negociación incompatible, indicando que durante 2011 el Gobierno presentó para licitación en el mercado el “diseño de la estrategia y posicionamiento de la marca Gore”, pactándose como precio la sobrevalorada suma de $ 50 millones de, con un lapso de 11 meses para ejecutar el trabajo.

Según constaría en la investigación, el proyecto era manejado por el mismo imputado junto a su hermano Pablo, a través de la acción de terceros encubridores. A este respecto, cabe indicar que el monto defraudado en este proyecto es de $ 20 millones aproximadamente.

El Juez de Garantía, Juan Enrique Olivares, otorgó seis meses al Ministerio Público para que investigue las eventuales responsabilidades de cada uno de los cinco imputados, quienes quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Finalmente, cabe dejar constancia que el sexto imputado de la causa, Pablo Sáez Martínez, no se presentó a la audiencia, motivo por el que el juez de garantía fijó el próximo 23 de julio como fecha para su formalización en la causa.