[Opinión] Apuntes ciudadanos sobre la institucionalidad ambiental

En el año 2008 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la famosa OCDE le sugirió a Chile la creación de una Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y en el año 2010 se publicó la ley 20.417 que oficializó la recomendación con un carácter de servicio público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la República, a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente y bajo la atenta vigilancia de la Corte Suprema.

El objetivo de la nueva institucionalidad ambiental fue que las decisiones fueran evaluadas en los mismos territorios regionales, descentralizando bajo el alero de esa Ley con que se crearon los Servicios de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en regiones y cuyos miembros serían -nada más y nada menos- los Intendentes y los Seremis del gobierno de turno, que evaluarían los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presentaran las empresas. La ley además permitió -así como que no quiere la cosa- que las mismas empresas realizaran sus propios EIA y no se les pudiese hacer una auditoría externa. Tampoco fue considerado como corresponde que los representantes de las comunidades que -supuestamente- serían intervenidos, como Juntas de Vecinos, Municipios, Corporaciones, Cooperativas, Comités Campesinos, agrupaciones sociales y ambientales fuesen parte de la comisión evaluadora, para beneficiar los intereses de las empresas, creando una brecha entre la institucionalidad vigente y los objetivos de las comunidades.

Con el nuevo proceso de evaluación ambiental iniciado en el 2010, se puede decir dado el empirismo de los años, que lamentablemente fue otro camino hacia un mismo fin y el formato continuo centralizado como la antigua CONAMA, al quedar las decisiones en manos del gobierno de turno por medio de los Seremis e Intendentes que -como todos sabemos- son buzones de la Moneda. Se detectó también que las empresas desarrollaron un lobby muy profesional en el Congreso para que avalaran sus intenciones en las comunidades y que los gobiernos intercedieran por sus intereses en las evaluaciones del SEIA. Y así lograr el objetivo de desarrollar proyectos al mínimo costo y con la mayor rentabilidad posible, sin importarles si destruyen el futuro de las comunidades, el entorno escénico ambiental y territorial y muchas regiones continuaron siendo Zonas de Sacrificio como en el pasado y otras se sumaron.

Ante la nueva institucionalidad, el mundo empresarial tiene como cierto que un EIA es un mero trámite. Para que un EIA pueda ser considerado como profesional, certero y objetivo debe tener la capacidad de hacer una evaluación en forma y fondo, que perfectamente puede obtener como resultado que el proyecto no puede realizarse dada la intervención que propone; o para que pueda llevarse a cabo deban hacerse más y mejores inversiones. Otras de las variables que son dejadas de lado en los EIA en la actualidad, es que las empresas se niegan a reconocer actividades económicas y culturales de las comunidades, ignorando actividades desarrolladas por muchas décadas y con gran esfuerzo, cuando van en contra de sus intereses.

Muchos proyectos que han sido aprobados por los SEIA regionales, a sabiendas que no debieron realizarse por la destrucción que proponen o simplemente porque destruyen la imagen, el sello verde y la denominación de origen de los productos que se están produciendo en la región. Que el beneficio real del proyecto sea sólo para los dueños del proyecto y la región se ha visto perjudicado su futuro y su sustentabilidad, como es el caso de Mina Invierno en Isla Riesco en la región de Magallanes que con el tiempo se ha transformado en un gran ejemplo en esta temática. Allí la institucionalidad permitió que el grupo COPEC de la familia Von Appen, desarrollara la mina de carbón más grande a tajo abierto del planeta, en una región de grandes vientos huracanados, extrayendo un carbón de pésima calidad y que más encima es llevado a Ventanas a contribuir aun más con la alta huella de carbono que generamos en el país y, de paso, destruyó un territorio magnífico como Isla Riesco, que estaba por ser nominada como reserva de la biosfera por la UNESCO y contaminó la vida de los productores de lana del sector.

Tenemos otro ejemplo de estas evaluaciones, como es el caso del proyecto Minero-Portuario Dominga, tan en boga en la actualidad por sus ramificaciones políticas, que se decidirá en una tercera instancia en los Tribunales Ambientales de Antofagasta en abril próximo. Aunque el SEIA de Coquimbo y el comité de Ministros desechó la intención, por la precariedad del EIA que presentó Andes Iron (dueña del proyecto) específicamente en lo que al puerto se refiere. El llamado a advenimiento que presentó el Tribunal Ambiental, fue realizado para satisfacer los intereses creados de la empresa con el gobierno recién asumido de Sebastián Piñera, poniendo en práctica el lobby empresarial y los contactos personales entre la empresa y el gobierno para ver si la tercera es la vencida.

Dominga desde sus comienzos ha advertido serias irregularidades en el EIA que presentó, con omisiones importantes en lo que se refiere al estudio del tráfico cetáceos por el área del tránsito de los buques que retirarán el mineral desde el supuesto puerto que pretende construir la empresa. El estudio fue realizado en el mes de julio y los cetáceos llegan al área a partir del mes de octubre, manipulando la información en forma descarada. Andes Iron se niega terminantemente a usar el puerto de Coquimbo para esos fines o el de la CAP que se encuentra a pocas millas. Si hubiese la posibilidad de hacer una auditoría externa al EIA que presentó Andes Iron, esto no sucedería y ni siquiera sería tema.

Otro ejemplo reciente de esta institucionalidad a medias entre muchos otros, es lo que sucedió hace un par de semanas al aprobarse en Magallanes el Parque Nacional Kaweskar, que dejó fuera el mar territorial del Parque y todos sabemos que el mar es parte integral de un parque que tiene como objetivo defender y preservar la cultura Kawésqar y está claro que la omisión es para beneficiar los intereses del mundo salmonero.

El método implementado para evaluar los EIA por los SEIA regionales, debe ser rediseñado completamente y hacer parte de las evaluaciones a las comunidades, para que la decisión  sea democrática, representativa, competente, profesional, respetada y sustentable en el tiempo.