[Opinión] ¿Dónde ha quedado la certeza jurídica que prometía la Nueva Institucionalidad Ambiental?

Ya es costumbre ver cómo, después de que los proyectos son aprobados, el Servicio de Evaluación Ambiental enfrenta un tsunami de reclamaciones de personas u organizaciones, que ponen en duda el trabajo ya hecho por sus profesionales e impiden que proyectos beneficiosos lleguen a buen término.

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15 de Junio, 2017 11:06
Imagen: Tribunal / Pixabay CC succo

Por Sebastián Valdés De Ferari
Economista, Universidad de Chile
PhD Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Universidad de Maryland, USA
Ex – Ministro Titular del Tribunal Ambiental de Santiago 

Todos los que estamos interesados por el desarrollo sustentable de nuestro país y de nuestra economía, vemos con preocupación la evolución que ha tenido el proceso de calificación ambiental de los proyectos de inversión en el último tiempo. Hemos visto como una autoridad política, en su rol de presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), reniega de todo el trabajo hecho, de manera técnica y autónoma, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y termina rechazando un importante proyecto de inversión minera como Dominga, en una de las zonas del norte chico más necesitadas de empleo e inversión, cediendo a presiones desde fuera del sistema. También hemos visto, como otro, de enormes dimensiones modernizadoras, que pone al día un esquema productivo forestal, históricamente beneficioso para una aislada zona de la región del Biobío, como lo es el proyecto MAPA de Arauco, ha tenido que esperar tres años para que la Corte Suprema finalmente ratifique la aprobación ambiental que ya le había otorgado el Servicio de Evaluación Ambiental regional y reafirmado el correspondiente Tribunal Ambiental. Asimismo, ya es costumbre ver cómo, después de que los proyectos son aprobados, dicho servicio enfrenta un tsunami de reclamaciones de personas u organizaciones, que ponen en duda el trabajo ya hecho por sus profesionales e impiden que proyectos beneficiosos lleguen a buen término, tras lograr que alguien con poder deshaga lo ya aprobado. 

A veces, como en el caso del proyecto MAPA, los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema han debido restaurar lo ya hecho en el SEIA y finalmente los titulares han podido ver luz al final del túnel. Sin embargo, y demasiado frecuentemente para los intereses del país, los inversionistas simplemente se han aburrido de los vaivenes de estos largos procesos, los miles de dólares gastados en éstos y la imposibilidad de anticipar cuál va a ser el desenlace final de sus decisiones de inversión. Siempre flota en el ambiente, la aprehensión acerca de si posiciones ideológicas, populistas u oportunistas lograrán imponerse y revertir todo lo avanzado en las instancias técnicas. 

Evidencias sobran que soportan esas negativas expectativas, pues muchos proyectos de inversión de gran potencial se han caído cuando instancias de poder, acogiendo esas presiones, han revertido los procesos o los han extendido casi interminablemente. El resultado ha sido que, en los sectores eléctrico, minero, forestal, incluso turístico o de saneamiento ambiental, muchos inversionistas han optado por borrar del mapa de sus inversiones a zonas enteras del país, donde estas expectativas se han ido confirmando y prima la sensación de que las certezas que la “Nueva Institucionalidad Ambiental” prometía, se han ido desvaneciendo.   

Una de las causas de este pernicioso resultado para nuestro desarrollo, ya fue advertido por la Comisión Asesora Presidencial del SEIA, la que en su Informe Final relevó, “(…) la motivación que puede tener el Comité de Ministros para aprobar proyectos, en vista que no están claros los espacios en el proceso de calificación para resolver aspectos técnicamente discrecionales o no normados de los componentes ambientales.”, concluyendo que falta otorgar una regulación clara a su funcionamiento para evitar los estragos de las presiones políticas en esa instancia. Pero en instancias anteriores también se perciben esas falencias, pues es demasiado frecuente que algunos alcaldes, directores de servicios, representantes de comunidades o autoridades regionales, cambien de parecer sin causa aparente o en el fragor de alguna batalla política, dejando proyectos en el limbo y ad portas de caros e inciertos procesos judiciales. El resultado, es que la certeza jurídica que debería aportar la nueva Institucionalidad Ambiental, es torpedeada por intereses de dudoso domicilio, mientras Chile brilla cada vez menos en los rankings internacionales de inversión y los proyectos se van a países vecinos tales como Perú, Argentina u otros que antes no entusiasmaban a nadie. 

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