Opinión: La esperanzadora demonización del lucro

Una de las grandes consecuencias de las contundentes movilizaciones estudiantiles fue que el Chile quedara demonizada la palabra “lucro”. Esto es, la obtención de ganancias económicas en la educación, especialmente cuando éstas se derivan del aporte del Estado a este proceso. Quedó sentado en la conciencia nacional que nadie debiera profitar de un derecho humano considerado esencial, cuando en muchos países del mundo la enseñanza  es tarea del Estado y los estudiantes no pagan absolutamente nada por formarse. Las masivas protestas pusieron al desnudo cómo se fue deteriorando la educación pública,  al tiempo que muchos vieron como una oportunidad de negocio la inversión en establecimientos privados, especialmente si su actividad era subvencionada por el erario público.

En el caso de las universidades, aunque el lucro siempre estuvo prohibido, es evidente que florecieron por doquier centros de enseñanza que, en el afán fundamental de lucrar más allá de recibir justos honorarios,  no velaron por su excelencia académica. De otra manera no se explicarían las millonarias transacciones comerciales de universidades y colegios, hasta el grado que también pasó a ser un atractivo negocio para algunos inversionistas extranjeros.

La Dictadura dejó a la instrucción sujeta a las leyes del mercado como cualquier otra actividad económica, objetivo que tuvo pleno asentamiento durante los gobiernos de la Concertación, cuando no pocos personajes que pasaran por el ministerio de Educación se convirtieran luego en inversionistas y dueños de colegios y centros de enseñanza superior. A favor del sostenedor privado, incluso, los distintos gobiernos de la pos dictadura dejaron languidecer la educación pública municipalizada a la vez que restringirle recursos a las universidades del Estado. En la impudicia, además, de transferírselos a los establecimientos privados. Ello también explica la decisión de miles de padres y apoderados de retirar a sus hijos de la escuela y el liceo fiscal cuya infraestructura y  financiamiento se deterioraban inexorablemente.

La clase política maniobró por años para dejar que todo continuara igual o se avino a algunas tibias reformas que muy rápidamente fueron desestimadas por las organizaciones estudiantiles y de los maestros, convenciéndose de que el estado chileno debía retomar su papel histórico e impulsar a la brevedad una profunda reforma educacional. Un proceso finalmente impulsado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero cuyos resultados se hacen cada día más inciertos en la discusión parlamentaria, los cuestionamientos de la derecha, la falta de experticia de las autoridades gubernamentales y en la enorme presión de las congregaciones religiosas, como de otros intereses corporativos de los propietarios de colegios y universidades.

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