Opinión: Los estudios ambientales y las consultas ciudadanas no son confiables

Opinión: Los estudios ambientales y las consultas ciudadanas no son confiables

17 Agosto 2016

En regiones donde las comunidades han sabido organizarse, los proyectos mal evaluados y mal emplazados, al final no han tenido la capacidad de prosperar.

Andrés Gillmore >
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El consejo de medio ambiente de Magallanes en una medida poco proba por decir a lo menos, a pesar que el sentido común indicaba todo lo contrario, aprobó la posibilidad que Mina Invierno de Isla Riesco en Magallanes, pudiese realizar tronaduras y seguir explotando carbón en la mina más grande de tajo abierto del planeta. Debido a esta nefasta aprobación, diversos sindicatos relacionados con el tema ambiental, organizaciones ciudadanas ambientalistas y algunos diputados y senadores, presentaron al gobierno una serie de propuestas y indicaciones, para que de una vez por todas se pueda realizar una profunda reformulación, al formato que se usa en la actualidad para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental y producir definitivamente un cambio de paradigma en la evaluación ambiental en Chile y recuperar el principio precautorio y que prime la evaluación de los impactos sociales y ambientales y de esa manera, proteger y garantizar la variable social de los territorios intervenidos por los proyectos mineros y energéticos.

En la actualidad las evaluaciones ambientales, no están entregando garantías a las comunidades que viven en las postrimerías de estos desarrollos, que se está evaluando de acuerdo con lo que realmente se necesita y es indudable, que se viene vulnerando y manipulando la institucionalidad vigente para lograr los objetivos de las empresas. Muchos proyectos han entrado al sistema de evaluación con una serie falencias y en pocos años al entrar en operación, están produciendo un tremendo daño ambiental y social en las comunidades regionales. Isla Riesco se ha transformado en un ejemplo maldito de esta dura realidad y en un botón de muestra de lo que esta sucediendo, de una realidad que con el tiempo termina repercutiendo en la proyección de desarrollo de todo Chile.

La región de Aysén icono en estas lides ambientalistas, entró en batalla por su sustentabilidad al inicio de los años 90 cuando estos temas no tenían mucha relevancia a nivel nacional y se quiso imponer el proyecto Alumysa sustentado en una supuesta ignorancia, querian construir una gran represa en el lago Yulton en la comuna de Puerto Aysén para generar energía y producir aluminio. Proyecto que fue desechado gracias a una fuerte presión ciudadana y demostrarse que la intervención estaba mal evaluada por un EIA defectuoso, poco profesional y manipulado por la empresa. Para dilucidar el tema, se aprobó por parte del CORE de Aysén, el financiamiento de una auditoría externa al proyecto. Auditoría que fue realizada por la Universidad Católica de Santiago; que demostró fehacientemente que el proyecto no era viable, por la seria contaminación que produciría la bauxita en la zona en caso de concretarse la intención.

Esta realidad marcó el sendero de la batalla ambientalista en Aysén en lo que a represas se refiere. Posteriormente llegaron a la austral región, proyectos energéticos como HidroAysén en la cuenca del Baker al sur de Aysén; Central Río Cuervo en el municipio de Puerto Aysén y nuevamente los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron manipulados para aprobar las intenciones y si no fuese por la fuerte participación ciudadana, ambos proyectos se hubieran concretado, interfiriendo los ríos más emblemáticos de esta emblemática región (Baker, Pascua, Blanco y Cuervo), hackeando su proyección de desarrollo. Posteriormente los salmoneras quisieron intervenir los lagos General Carrera y Bertrand y el río Baker, para instalar sus jaulas en estas reservas de agua dulce y nuevamente gracias a una fuerte oposición ciudadana y sus organizaciones, se consiguió revertir la intención.

En Aysén al igual que en Magallanes se han producido importantes intervenciones mineras de explotación de polvillo de oro. El Toqui en Alto Mañihuales del grupo Walker, que ha contaminado desde siempre el río Mañihuales con cianuro, afectando animales, pobladores y toda la flora y fauna del lugar. La Cerro Bayo Mining Company en el sector de Fachinal, al sur este de Aysén a orillas del gran lago General Carrera; esta empresa minera de origen canadiense, no halló nada mejor que usar la laguna verde, que antes era territorio natural de flamencos y patos picaso como pozo de relave y sin pedirle permiso a nadie, construyó en esta magnífica laguna un dique de cola, usufructuado de una ley ambiental creada expresamente para favorecer a estas grandes empresas, en detrimento del medio ambiente y del mundo social de los territorios pretendidos, abusando de un Estado que no cumple su labor de fiscalizar como corresponde, con un Sernageomin que con el tiempo se ha hecho partícipe de estos intereses. Personalmente he puesto dos denuncias en contra de la Cerro Bayo Mining Company en Sernageomin y luego de mucho esperar, me han contestado por oficio, que han realizado una visita y que no me preocupe, que todo funciona bien, cuando esta a la vista que no es así.

La ley de medio ambiente, permite que las empresas interesadas puedan realizar sus estudios de Impacto ambiental (EIA) para que posteriormente sean evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental regional (SEA), consejo regional donde todos sus componentes son Seremis de Gobierno, que actúan como ministros de fe y certifican que los EIA son profesionales y serios. En teoría el formato de evaluación se ve bien, pero en la práctica es todo lo contrario, al excluirse la variante que desde 1981, pasando por la dictadura y todos los gobiernos elegidos democráticamente desde 1989, tienen hipotecados sus intereses con las grandes empresas transnacionales y eso atenta contra el verdadero objetivo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y no tienen la objetividad y dejan de velar por el medio ambiente y de preocuparse por el desarrollo sustentable de los territorios regionales y sus comunidades. Los funcionarios que han propuesto ir en contra de esta aberración, por lo menos en Aysén, han terminado pidiéndoles la renuncia.

En regiones donde las comunidades han sabido organizarse, los proyectos mal evaluados y mal emplazados, al final no han tenido la capacidad de prosperar, como ha ocurrido en Aysén con la intención de represar sus ríos, a pesar que proyectos fueron aprobados (HidroAysén, Central Río Cuervo). En Isla Riesco, lamentablemente los pobladores no tuvieron la capacidad en una primera instancia de entender lo que significaba la intención y no se unieron en contra de Mina Invierno y hoy lamentablemente es una realidad productiva, que ha destruido totalmente la proyección de esa maravillosa isla magallánica, de lo que fue considerado hasta hace poco tiempo, una reserva de vida del planeta y en la actualidad esta destinada a la destrucción total, sino se tiene la capacidad de parar la producción de carbón.


Pero es indudable que la organización ciudadana al fin y al cabo no lo es todo para las para entrar en batalla en contra de gobiernos y trasnacionales; sobre todo si consideramos que los ciudadanos realizan esta defensa en el tiempo libre que les queda de sus trabajos y sus relaciones familiares y se ven enfrentados a una maquina gubernamental y empresarial con miles de millones de dolares a su disposición. Por ello, cada día se complica más la situación y en la actualidad no basta con tener la verdad verdadera como solíamos decir en los tiempos de HidroAysén. Sobre todo cuando los gobiernos a instancias de las mismas transnacionales, van aprendiendo a relacionarse con los movimientos ciudadanos infiltrándose, creando estrategias para burlarlos y lograr los objetivos.


Un claro ejemplo de cómo los empresarios, gobiernos y congresistas han aprendido a burlar la presión ciudadana y muy fácil de ejemplarizar con lo ocurrido con la aprobación de la ley de pesca. El Movimiento Social de Aysén, se conformó expresamente para ir en contra de la ley de pesca, pero el gobierno asociados con las empresas y los mismos senadores de Aysén, intervinieron el movimiento social en sus mismas bases y no dudaron en transformar al vocero Iván Fuentes en candidato a diputado para que apoyara la ley de pesca, logrando el objetivo y la ley de pesca a pesar de todo y de todos se hizo realidad.


La máxima actual para gobiernos, políticos y transnacionales, es socavar los movimientos ciudadanos utilizando formatos modernos y menos brutales pero altamente efectivos. En una primera instancia organizan y financian organizaciones para contrarrestarlos a las mismas fuerza ciudadanas, utilizando los conceptos de una seuda democratización de los procesos, proponiendo las consultas ciudadanas, que bajo el aspecto de estos intereses es la mejor forma de lograr el objetivo. Porque es mucho más fácil manipular que mandar a las FFEE.


Las consultas ciudadanas desde el otro lado de la vereda es un concepto engañador en una primera instancia, porque se sustentan en una seuda democracia. Todos sabemos y lo hemos constatado en carne propia en nuestro querido Chile, que las democracias son vulnerables y fáciles de manipular cuando se cuenta con las herramientas necesarias. Lo mismo ocurre con las consultas ciudadanas, que son lo mismo que una elección y todos sabemos que los elegidos no siempre son los mejores candidatos y si las mejores campañas, que no dependen necesariamente de que sean las mejores propuestas.


En Aysén se hizo un estudio en el auge de la problemática con HidroAysén, que si la cuestión fuese a consulta, como muchos querían en ese entonces, era muy probable que HidroAysén la ganará, si tomavamos en cuenta la alianza de la empresa con el gobierno y con la tremenda desinformación que existía y sigue existiendo de las verdaderas repercusiones para las comunidades. Para la transnacional no representaba problema alguno en caso de ser necesario, depositarle a cada poblador aysenino de norte a sur de cordillera a mar, un millón de pesos, para comprar la intención en la consulta. Lo que quiero decir con esto, que las consultas ciudadanas a decir verdad no son la solución para la problemática ambiental bajo ningun supuesto, ante los magníficos volúmenes de capital que manejan las transnacionales y las alianzas estratégicas que tienen con el mundo político y gubernamental ante una ciudadanía que lamentablemente no tiene toda la información para apreciar con altura de mira los nefastos alcances de ciertos proyectos.


Pero para todo existe solución y el gobierno por medio de Máximo Pacheco, actual ministro de Energía, luego de mucho maquinar se podría decir que creó la “fórmula perfecta” para saltar la valla y ser democrático a la vez. Crear la “ley de asociatividad”, que permitiría que las transnacionales con el respaldo de una ley de la república, puedan asociarse legalmente con los municipios y que estos puedan recibir fondos compensatorios por el deterioro ambiental que impondría a las comunidades los diferentes proyectos, que no es otra cosa que pagar por contaminar y la posibilidad de saltarse los EIA y eso en si mismo es la destrucción total de las regiones y más encima con el sustento de una consulta ciudadana y de una ley de la república.


Lo mejor que se puede hacer para tener regiones sustentables medioambientalmente, sanas, armónicas, balanceadas y con proyección de futuro, indudablemente que no es cerrarle las puertas a los proyectos de desarrollo como muchos pueden creer; sino todo lo contrario. Pero se debe tener la capacidad de exigirles a las empresas interesadas que actúen con el debido respeto por la proyección social y productiva de las comunidades, tomándolas en cuenta en sus formatos históricos, culturales, sociales y ambientales y sobre todo, obligando a estas empresas a realizar EIA serios, profesionales, bien fundamentados,  que cuenten con las debidas contrapartes en los consejo resolutivos, con representantes de las comunidades involucradas y puedan contar con el financiamiento necesario, para contratar profesionales especialistas en la materia, que las asesoren como es debido. También es muy importante cambiar el formato de la ley ambiental y que los EIA sean sometidos a auditorías externas por entes profesionales y objetivos. Todo lo que se pretenda hacer en contra de este principio fundamental, es atentatorio contra los intereses de las regiones y sus comunidades.