Participación ciudadana: Tarea pendiente

Si el gran problema de nuestro sistema democrático es la ausencia de participación ciudadana, son los partidos y organismos públicos quienes tienen la obligación de convertirse en ejemplos del modelo de democracia participativa que se precisa. Por Hernol Flores Opazo, Ex Presidente Nacional de ANEF.
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19 de Marzo, 2013 08:03

En su común visión paternalista, los responsables de las cúpulas políticas se resisten a tomar conciencia de la importancia que para la permanencia y fortalecimiento de la democracia tiene la organización de los trabajadores.Tampoco parece preocuparles que en la mayoría de la población exista la certeza que los partidos políticos, en general, son apreciados como colectividades poco democráticas, frías, inamistosas y excluyentes; preocupadas sólo de los procesos electorales internos y externos.

Ni siquiera les inquieta un lapidario diagnóstico de la propia Cámara de Diputados, que señala: “en nuestro país existe un grave nivel de incumplimiento de la normativa laboral y una cultura empresarial que atenta contra una relación armónica y de respeto mutuo entre las partes que establecen entre sí una relación laboral”, y frente a lo que proponen la creación de “un nuevo Código Laboral, un fortalecimiento sustantivo de la Dirección del Trabajo, la creación de una Comisión Permanente de observancia y una Comisión de ética Empresarial”.

Es decir, si al más alto nivel los representantes del pueblo reconocen la necesidad de implementar políticas de participación que asegure el éxito del proceso de integración social, que por lo demás todos ofrecen al país al pedir apoyo para tomar el poder, no es comprensible que ese compromiso, vital en un intento genuino de reconstrucción democrática, permanezca como promesa incumplida luego de transcurrido ya un cuarto de siglo de recuperada la democracia en Chile.

El desinterés de los partidos políticos por impulsar la participación ciudadana, y ni siquiera de estimular la reconstrucción, fortalecimiento y desarrollo del movimiento sindical y de los cuerpos intermedios de la sociedad civil, es una realidad inocultable.

Es lamentable que ninguna autoridad política repare en que al impedir el desarrollo estructural de los organismos sociales y negarles espacios amplios de participación, se profundiza una frustración paralizante, que como fatal consecuencia potencia la apatía y el desinterés del pueblo por organizarse, en especial entre los trabajadores, las mujeres y la juventud; además de contribuir a la Indiferencia ciudadana por asumir un comportamiento responsable en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la que por ser percibirla tan lejana no se siente como propia.

Hoy es un lugar común que muchas autoridades no actúen de la manera responsable y honesta que su investidura les impone. No colaboran al fortalecimiento de los sindicatos de trabajadores y, por el contrario, en más de un caso se transforman en adversarios de sus dirigentes,desconociendo así que la existencia y participación de una estructura sindical sólida e informada es esencial para la consagración de un diálogo social fructífero.

Si el gran problema de nuestro sistema democrático es la ausencia de participación ciudadana en el proceso de elaboración de las decisiones políticas, son los partidos y los organismos públicos quienes tienen la obligación ineludible de convertirse no sólo en agentes de esa participación, sino en ejemplos del modelo de democracia participativa que se precisa.

Asimismo, y aceptando que la causa principal de la desigualdad económica y social en Chile obedece a la existencia de una legislación laboral injusta, diseñada y aprobada de facto, y concebida deliberadamente para desarticular los sindicatos, todo partido democrático debiera estar disponible para instaurar una legislación laboral que estimule el desarrollo de un trabajo decente, tal como lo entienden las normativas de la comunidad internacional ratificada por Chile.

Desde esta perspectiva, es más que necesario iniciar un amplio proceso de discusión sobre la situación global que afecta al movimiento sindical; priorizar los problemas que precisan soluciones de mayor urgencia, y diseñar las acciones que permitan crear instancias efectivas de diálogo entre gobierno, empresarios y trabajadores, que tenga como objetivo garantizar el pleno ejercicio de la democracia, la justicia social y el necesario equilibrio entre capital y trabajo.

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