Malestar existe entre vecinos y organizaciones ambientalistas luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos aprobara por unanimidad la construcción y operación de la central de pasada Mediterráneo, de la empresa del mismo nombre.

La central hidroeléctrica, que tendrá una capacidad de generación de 210 MW y demandará una inversión de 400 millones de dólares, se ubicará en la provincia de Llanquihue, en un sector donde confluyen los ríos Torrentoso y Manso.

El proyecto contempla un tendido eléctrico de 63 kilómetros y entre los principales lugares  que se verían afectados se encuentran el estuario de Reloncaví, el lago Tagua Tagua y el río Puelo, todas zonas turísticas de la comuna de Cochamó.

El alcalde Carlos Soto, quien inicialmente rechazó el proyecto, aseguró que la empresa cumpliría con la normativa ambiental y habría dado respuesta a las indicaciones realizadas a la iniciativa: “Esas indicaciones fueron observadas y se fueron subsanando de acuerdo a las consultas ciudadanas que se hicieron. Nosotros consideramos que técnicamente el proyecto está de acuerdo a la normativa vigente que corresponde, por ello en la última reunión se aprobó la central, sin observaciones”, señaló Soto.

Las organizaciones opositoras denunciaron presiones del Gobierno y enfatizaron que la comisión aprobó el proyecto en la mañana del jueves, en una sesión que duró menos de dos horas y solo fue citada en la noche del miércoles.

Además, recordaron  que entre los propietarios de la empresa se encuentra José Cox, socio y amigo del Presidente Sebastián Piñera, quien visitó la región esta misma semana.

Victor Vaccaro, representante de la organización Puelo Sin Represas, se refirió a las irregularidades que hubo durante el proceso de gestión del proyecto hidroeléctrico: “La empresa compró terrenos acá diciendo que iba a hacer un proyecto turístico y la gente vendió sus terrenos, pero después se dieron cuenta que los habían vendido al proyecto de la central. Eso ocurrió varias veces y tiene que ver con el engaño que ha habido en el proceso. También ha habido casos de personas estafadas, a quienes les hicieron firmar un acuerdo con un abogado, y aparece el terreno a nombre de los impulsores del proyecto. Eso le ha molestado a la gente enormemente, porque habiendo recursos y utilidades importantes, el proceder es engañando, mintiendo y estafando a las personas que menos recursos tienen”, explicó el dirigente.

Por su parte, el vocero de la Corporación Puelo Patagonia, Rodrigo Condeza, subrayó que la empresa no ha realizado ninguna consulta a las comunidades indígenas afectadas, requisito establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Nosotros no estamos en contra de generar energía, ni estamos en contra de las centrales de pasada. Estamos en contra de la forma en que se ha aprobado la central de pasada y el tremendo impacto que tiene en el paisaje del Río Puelo. La línea de alta tensión que implica este proyecto, y que consta de más de 63 kilómetros de cableado, pasa por el corazón del pueblo. Ese es justamente el trazado más perjudicial para la comunidad, para la gente que vive del turismo y para el paisaje que el activo más importante para este pueblo”, dijo Condeza.

La Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y comunidades indígenas presentaron acciones legales que buscan invalidar el informe que recomendaba autorizar la central.

Frente a la sorpresiva aprobación del proyecto, Fiscalía espera ahora que el tribunal se pronuncie  con una orden de no innovar y suspenda las obras hasta que se resuelvan las irregularidades.