La demanda se relaciona con siete presuntos casos de abuso sexual, entre los que se encuentran dos profesores. Según la querella, las víctimas habrían sido extorsionadas cuando Claudio Arriagada ejercía como alcalde de La Granja, a cambio de mejores sueldos o para no ser despedidos de la municipalidad.

A través de una declaración pública, Arriagada desmintió los hechos y los atribuyó a su actual candidatura a la Cámara Baja, donde aseguró que lamenta "las herramientas que se usan para competir en política" y que colaborará con la investigación del Ministerio Público.