Discapacidad en Chile y la urgente reingeniería de SENADIS

26 Mayo 2015

La institucionalidad disponible no está a la altura de los cambios que se requieren. La debilidad operativa del Servicio Nacional de la Discapacidad – SENADIS, dirigido comúnmente por personas “del partido”, familiares y amigos del gobierno de turno.

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Por: Alejandro Hernández. Presidente y Director Ejecutivo - Fundación Nacional de Discapacitados. Consultor y Activista por los Derechos de las Personas con Discapacidad. www.fnd.cl @alejandrohlemus

Vivimos tiempos trascendentales para la política chilena donde una ciudadanía cada vez más empoderada y organizada no teme a ninguna estrategia que busque amilanar su natural poder consciente y transformador. La discapacidad no escapa a esto, por el contrario, la integración social de las personas con discapacidad se ejerce con mayor propiedad en aquellos países con democracias reales y fuertes, con organismos públicos probos y competentes, que dan con el ancho suficiente y enfocan su acción hacia la recuperación de los derechos sociales.

Según estimaciones del último Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS – Banco Mundial 2011) el 15% de la población en el mundo vive en esta condición, estamos hablando de mil millones de personas. En Chile en tanto, la cifra podría alcanzar los 3 millones, aun cuando antiguas estadísticas oficiales (Primer Estudio Nacional de la Discapacidad – ENDISC 2004) hablan de un porcentaje un poco menor, 12.9%.

En el ámbito del trabajo, 750 mil están en edad productiva, de los cuales un 90% está cesante. El 9% se desempeña como vendedores ambulantes o part time, en tanto que solo el 1% encuentra trabajo con contrato laboral. Esta situación se entiende al observar el resultado del estudio realizado por la OIT y SOFOFA en 2013, sobre “Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Santiago”, donde se concluye que apenas el 0,5% de las empresas chilenas se atreve a brindar una oportunidad laboral a técnicos, profesionales y administrativos con discapacidad.

El empleo es un aspecto muy sensible, que ninguno de los gobiernos de la Concertación ha podido enfrentar de una manera efectiva. Sabemos que las Personas con Discapacidad aportan a la empresa sus capacidades, talentos, compromiso y espíritu de superación y que además de esto, pueden ser igualmente competentes y aportar a la productividad de las empresas. Pero no ha sido posible transmitir este dato de forma masiva, por la ausencia de políticas efectivas que ayuden a la toma de decisiones. Por el contrario, la respuesta sigue siendo la desconfianza, falta de información y discriminación por parte de los empleadores.

Las cifras de discapacidad son altísimas y el sostenido aumento de su prevalencia en todo el mundo, requiere la formulación de políticas y programas innovadores, que mejoren su vida y faciliten la aplicación concreta de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigencia en Mayo de 2008. ¿Cómo? Por medio de acciones de educación y promoción de derechos que busquen bajar a tierra las leyes, e ir superando las barreras actitudinales y estructurales que hacen de la discapacidad un problema de derechos humanos.

Una política pública, debe estar centrada en la ciudadanía y en los desafíos que esta le plantea, teniendo en cuenta que en Chile y en todo el mundo, las personas con discapacidad obtienen peores resultados sanitarios, bajos resultados académicos y por consiguiente una menor participación económica. En resumen, las personas con discapacidad están afectas a experimentar con mayor intensidad el impacto de la pobreza y la falta de oportunidades.

Se debe considerar que los resultados de exclusión social de las personas con discapacidad, son consecuencia de los obstáculos que impone paradojalmente el propio “Estado de Derecho” y que entorpecen su integración y acceso a “Derechos Sociales” que debieran estar garantizados, hablo de salud, educación, empleo o transporte. ¿Es cierto que no hay dinero para gastos sociales.? No hay que ser Ministro de Economía para entender que el problema no es solo la cantidad de dinero que se dispone, sino principalmente la estrategia y calidad del reparto del mismo.

DISCAPACIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD EN CHILE

La institucionalidad disponible no está a la altura de los cambios que se requieren. La debilidad operativa del Servicio Nacional de la Discapacidad – SENADIS, dirigido comúnmente por personas “del partido”, familiares y amigos del gobierno de turno. Sin conocimiento, trayectoria, competencias ni aportes previos en discapacidad, carentes de la empatía y profesionalismo necesarios para diseñar, administrar y ejecutar un gran Plan Nacional en Discapacidad resultan evidentes, impactando directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Es por esto que el Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil debe plantearse el desafío de diferenciar entre los cargos de absoluta cercanía y confianza del Presidente en ejercicio y de los criterios que deben imperar en la búsqueda y elección del cargo de Director Nacional de SENADIS, transparentando también el proceso de búsqueda y selección de los postulantes. Porque no se trata solo de llenar una vacante de un cargo técnico, sino el de articular la búsqueda de un ejecutivo de alto estándar de especialización, con real experiencia en la dirección del área de la discapacidad, con capacidad para motivar y transmitir el mensaje de promoción de derechos, para la ejecución de las políticas en beneficio del sector.

Porque este tipo de cargos públicos vinculados a la discapacidad, no debes constituir pasantías o becas para que algunos profesionales recién se capaciten en el ejercicio de sus responsabilidades, representando finalmente un beneficio unipersonal y no un aporte real a la nación. El abordaje de la Discapacidad en Chile, por lo estratégico y amplio, no precisa ni merece un perfil vinculado al nepotismo o amiguismo político.

Por el contrario, el impacto que generaría una buena conducción del SENADIS impactaría positivamente en las personas con discapacidad e incluso en los funcionarios del Servicio. Esto último reviste un aspecto no menor, porque estos son los que van al frente y “ponen la cara” ante la impericia directiva, versus la enorme demanda y desazón de la ciudadanía. El Personal organizado del Servicio Nacional de la Discapacidad clama por una Dirección moderna y empática también con el usuario interno, constituido por las trabajadoras y trabajadores del organismo.

El silencio del SENADIS ante el atropello diario de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la instalación de eufemismos como “Inclusión”, ”personas en situación de discapacidad”, con “capacidades especiales” o “necesidades especiales”, no hacen más que adornar y evadir el problema, impidiendo el flujo consciente hacia el caudal de la cruda realidad de la Discapacidad, que facilite su intervención positiva y concreta. Tal vez la institucionalidad chilena en discapacidad, en su ceguera empática, no vea venir esa marea solidaria que aún nos protege y que surge de la sociedad civil organizada, desde donde ponemos nuestra mente, corazón y acción al servicio de los demás.

SE REQUIERE de un gobierno consciente y progresista, realmente democrático que no actúe como marioneta en base a las órdenes de un mercado egoísta y corrupto, tras el deseo comercial de devolver a la penumbra social los derechos de nuestros adultos, jóvenes y niños más indefensos. SE BUSCA un gobierno capaz de construir nuevos centros de Rehabilitación estatales, como el único existente en el país -Hospital Pedro Aguirre Cerda- ubicado en la comuna de Peñalolén en Santiago. Una administración país que eduque respecto de que la Salud y Rehabilitación, son Derechos que no deben ser subastados en la plaza pública, por televisión y por medio de los canales adheridos a ANATEL.

Según el último Informe Nacional de la Discapacidad (FONADIS 2004) el 94% de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en Chile, nunca accedió a un adecuado tratamiento de Salud y Rehabilitación. Aquí vemos también el impacto de otra debilidad estatal para con la discapacidad, la ausencia de Centros de Rehabilitación de personas con Discapacidad a cargo del Estado del norte a sur del país. ¿Por qué el Estado de Chile no ha construido centros de rehabilitación estatales para adultos?.

Hay recursos, lo que no hay voluntad política para construirlos. Lo que quiere la política pagada por empresas chilenas que ya todos conocen, es construir nuevos nichos de negocio a costa de los Derechos Sociales. A costa de bienestar social, como son atención a la discapacidad, cobertura de rehabilitación y medicamentos, educación, transporte y un largo etcétera. Todo esto es un “nuevo nicho de negocio” -en vez de más y mejor Salud y Educación. Para crear un “nuevo estado”, no un Estado Social, sino uno centrado en el negocio privado, que siga engrosando los intereses de las empresas y familias más ricas de Chile.

Tengo la esperanza de que Chile sea capaz de elegir el 2017 a un Presidente joven, más cercano, talentoso y con ganas de aportar. Tengo fe en que una ciudadanía más despierta, organizada y consciente será capaz de elegir esta vez por lo mejor y no por lo menos malo. Lo digo responsablemente, ni la derecha ni la “nueva mayoría” han tenido ni tendrán el talento, la empatía, la disciplina ni la transparencia para acoger y poner en práctica las acciones efectivas que los chilenos con y sin discapacidad necesitan y merecen.

Ya lo vimos en el contexto del reciente discurso del 21 de Mayo, donde el actual gobierno ha reprimido brutalmente a los estudiantes organizados que también claman por más derechos. Por medio de la vocería de la Presidenta Bachelet, el Estado lejos de proponer políticas de fortalecimiento de los derechos y la estructura pública disponible en discapacidad, propone la creación de otra plataforma, la Subsecretaria de la Discapacidad, para tratar temas de “salud mental”. Nada más alejado de la realidad, de las demandas que amerita el escenario más que adverso que Chile presenta en libertades fundamentales e integración social de niños, jóvenes y adultos con discapacidad y que a mi entender, deben impulsar no solo la urgente reingeniería de SENADIS, sino que también la instauración de un nuevo Gobierno Posible.

DISCAPACIDAD + DERECHOS – CARIDAD.