Investigaciones internas realizadas dentro del Poder Judicial dieron la alerta sobre la adjudicación de contratos de arriendos y construcción de lo nuevos tribunales, los que estaban quedando dentro de empresas relacionadas quienes se quedaban con ellos una y otra vez.

Hasta hace tres años estas adjudicaciones eran directas, pero ni siquiera la implementación de licitaciones habría corregido la situación. En agosto de este año, cuatro ministros de la Corte Suprema discutieron si enviaban o no los antecedentes al Ministerio Público.

"Finalmente se decidió porque no hubo acuerdo ni voto disidente, porque esto se hizo entre un grupo de colegiados que se puso en el caso", explicó el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sobre la decisión de no hacer la denuncia porque se llegó a la conclusión que no había delito.

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