Como una oportunidad para transparentar la discusión de fondo respecto del financiamiento de la educación superior pública en zonas extremas, calificó la Vicerrectora de Administración y Finanzas de la Universidad de Magallanes, Elizabeth Jeldres, la divulgación nacional del informe de gestión financiera 2014 de Contraloría, donde la institución muestra una situación deficitaria.

Junto con aclarar que se trata de montos preliminares y que los balances son instrumentos técnicos que pueden tener interpretaciones acerca de un momento determinado, Jeldres declaró que “es legítima la preocupación de los ciudadanos respecto de cómo las universidades estatales manejan los recursos”.

Por lo mismo, la autoridad universitaria explicó los motivos detrás de los números. “Nosotros como universidad pública, estatal, aislada y en nuestro nivel de actividad, tenemos costos incrementales que son mayores que en otros lados; la conectividad, los pasajes, la lejanía, es un factor que nos juega en contra de lo que desarrollamos”, afirmó la vicerrectora.

A esta variable sumó los grandes proyectos en distintas áreas, que se ejecutan no con una perspectiva de rentabilidad económica, sino de sostenibilidad. “Pero esta sostenibilidad – agrega – no se da en períodos de un año al otro; hay ciclos en los cuales se evalúan estas iniciativas”, por lo que estas cifras corresponderían a esa primera etapa en la cual hay varios proyectos de docencia, investigación y vinculación con la comunidad, que se están iniciando.

El futuro de la gratuidad

La institución ha valorado constantemente la posibilidad de que la educación sea gratuita, pero ese desafío también supone velar por la sostenibilidad de las operaciones, algo que todavía es materia de discusión nacional. En este sentido, no sólo se considera importante que el Estado cubra el costo real de mantener a un alumno en la universidad, sino también que lo haga en los períodos comprometidos.

“Nosotros tenemos, en este momento, problemas de flujo de caja, (y) las provisiones tienen una perspectiva en el tiempo que todavía no es muy clara”, dice la vicerrectora, lo que representa una realidad para todas las demás universidades del consorcio, y lo que también ha obligado a la institución a recurrir a otros instrumentos de financiamiento.

Al respecto, cabe consignar que la misma Contraloría dio a conocer otro informe referido al destino de los recursos estatales, según el cual el 67% de ellos va a instituciones privadas. Allí, la Universidad de Magallanes vuelve a ocupar el primer lugar, esta vez, como la que menos aportes recibe para sus alumnos (M$ 4.626.234).

El rector Juan Oyarzo explicó que en su institución hay “una menor cantidad de estudiantes que en otras universidades, (pero) como acá en la región las familias tienen zona y, por esto, sueldos más altos, eso los hace quedar fuera de los más vulnerables y, por ende, de las becas”. Todo esto refuerza el planteamiento del Consorcio, en cuanto a que la entrega de dineros del Estado por concepto de gratuidad, debe estar regulada.