Por Andrés Gillmore, secretario y vocero Corporación Costa

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El mayor problema del Chile de hoy y su política energética, política heredada por este gobierno desde la entrada del país a la democracia, es que no se tienen claros los caminos y mucho menos las estrategias y los protocolos, para poder actuar de acuerdo con lo que realmente se requiere de una nación moderna, permitiendo que el país pueda proyectarse hacia el futuro de forma sustentable y no como desde hace un buen tiempo, aduciendo que el país requiere más energía para mejorar y desarrollarse, cuando lo que de verdad se requiere, es mejorar el uso de la energía y ser mas eficientes en ello.

Una de las mayores contradicciones que tenemos en el país, en lo que se refiere a los proyectos energéticos y su relación con la sociedad, es que bajo el paradigma del crecimiento con libertad, que ha sido lo que nos ha guiado desde siempre en democracia, se ha estado dejando en manos de las empresas transnacionales, la concepción de las estrategias y los procedimientos, como la responsabilidad de la forma en cómo queremos desarrollarnos en este tema y más aún, dejando en ellos la decisión final de donde serán realizados estos proyectos, lo que es altamente perjudicial para el país, si pensamos en el concepto de la perpetuidad del país como una estrategia de largo aliento.

Bajo esta visión inmediatista del atajo, estamos dejando de lado toda la coherencia y la equidad en la proyección futura del país, en manos de empresas que solo nos ven como un producto. Lo que nos hace encontrarnos con un Estado, que se ha regido bajo la ley del mínimo esfuerzo, dejando en estas empresas la responsabilidad que -sin duda- debería ser del Estado chileno y no de empresas transnacionales.

Esto se ha estado basando bajo la suposición que el mercado lo regula todo, dejando que las decisiones estén en las mismas empresas interesadas y no en el Estado propiamente tal, quien debería decidir dónde, cuándo, cómo y fiscalizar en ello.

Este formato contraviene toda estrategia de país, es única en el mundo, lo que demuestra una total falta de sentido común pensando en un proyecto país sustentable, donde las empresas transnacionales, como es lógico, no tienen por qué tener ninguna intención de hacer las cosas bien y sí de ganar mucho dinero con lo que hacen.

Necesitamos una política de Estado que supere los cambios de gobierno y las diferentes formas de relacionarse con los problemas y dicte normas al respecto y nos de una pauta presente-futuro de lo que queremos.

La realidad de hoy es básicamente que tenemos un Estado que no sabe lo que quiere y espera que el mercado lo regule todo, esperando que los proyectos que se realizan sean una consecuencia de una estrategia, pero de empresas que no les compete y, por ende, es una falsa esperanza, que estas empresas relacionen los parámetros que necesita el país y los haga viables.

Si hoy en el país tuviésemos una ley de medio ambiente que tipificara el delito ambiental y tuviéramos la capacidad de punir estos malos manejos, lo más seguro es que muchos directores y presidentes de empresas estarían hoy acusados con la posibilidad cierta de ir a la cárcel por las irregularidades cometidas. Con una ley clara, un director pensaría dos veces antes de verter químicos al mar o soltar gases nocivos para la población, como ocurrió la semana pasada en ventana, hecho que afectó a una escuela y puso la salud de los niños en riesgo.

Tenemos que entender, que no toda iniciativa económica por rentable que pueda ser es buena y menos sustentable, la palabra clave hoy en día para estos proyectos es la sustentabilidad y la significancia, aliado con ética y moral en los procedimientos y por sobre todo el sentido común.

En Aysén vivimos la realidad de lo que eso significa, fuera de las otras implicaciones sociales y culturales, la llegada de una transnacional interesada en lucrar con el patrimonio ambiental de la región, como lo es la empresa HidroAysén. Desde que llegó a Aysén esta empresa, han estado adelantándose a los hechos con trabajos de prospección, contrariando la ley, cuando aún no se les ha aprobado el estudio de impacto ambiental, realizando en pleno proceso de evaluación, obras de intervención en los ríos pretendidos, haciendo caso omiso que su estudio de impacto ambiental, aún está en proceso de evaluación y le han sido encontradas innumerables fallas y omisiones, que han puesto un manto de dudas ante la verdadera eficacia de la empresa y su ética ante el proyecto

Este 15 de abril la empresa HidroAysén responde un saldo de 1100 observaciones finales que le resta por responder, de un total de 3300 que se le hizo en una primera instancia, encontrándose tantas insuficiencias y omisiones en el estudio; mostrando claramente que el proyecto es malo, y de realizarse una evaluación correcta, certera, profesional y científica, no pasaría la evaluación.

La destrucción que  significa intervenir la cuenca del Baker y sus ríos con esta intención, han obligado a la empresa a omitir información de importancia vital, que destruye por completo la concepción del proyecto, lo que ha dado como resultado que la empresa como estrategia de sobrevivencia, omita las irregularidades del proyecto, jugándosela con conseguirlo mediante el lobby financiero y el financiamiento de las conciencias y que el ejecutivo ceda ante la presión, y con ello sacar adelante el proyecto, a pesar de las innumerables irregularidades.

Hoy más que nunca necesitamos que en Aysén se tenga claridad.