CORE aprobó el traspaso al Ministerio de Bienes Nacionales de las vías de acceso a sector rural de la comuna de Punta Arenas.
La iniciativa denominada: “Estudio sobre el levantamiento topográfico de caminos y catastro de bienes inmuebles, sector Pampa Redonda”, había sido previamente presentada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales a fines del año pasado, ante la imposibilidad de intervenir en apoyo a las familias mediante la Ley de Loteos Irregulares N° 20.562, cuya ejecución descansa en el Servicio de Vivienda y Urbanismo.
En este contexto, la Secretaría
Regional Ministerial de Bienes Nacionales tomó el rol de unidad técnica,
apoyando este proceso de urbanización que beneficiará a más de 6 mil habitantes
del sector rural de la comuna de Punta Arenas.
Al respecto, cabe recordar que en la actual situación los residentes del sector
rural no pueden optar a la pavimentación de los accesos, la construcción de
redes de alcantarillado y a la implementación de otros servicios básicos, dado que
las vías de comunicación existentes son consideradas bienes privados y no de
uso público.
En este sentido, el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Alfonso Roux, manifestó que “con este proyecto la población accederá a los beneficios que otorga el Estado a través de las bonificaciones, incentivos, subsidios, instalación y mantención de los diferentes servicios públicos, y otros, a los que no pueden optar por la condición de irregularidad de sus vías de acceso”, dijo.
A su vez, cabe mencionar que complementando a este proyecto se procederá a
establecer las bases necesarias para el saneamiento de la propiedad raíz y la
regularización de las vías de tránsito de uso general existentes en el sector. Con
la implementación de esta medida, Roux aseguró que de esta manera se evitará
que los vecinos tengan que contratar profesionales geomensores para que
confeccionen planos de cada uno de los sitios existentes en el sector.
El proyecto que será ejecutado en cinco meses demandará una inversión pública
de $ 70 millones, los que serán financiados con recursos del FNDR
correspondientes al actual ejercicio.
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