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El Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió por unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul, imputados por actos de violencia en la zona de la Araucanía en el caso denominado “Peaje Quino” del año 2009 y juzgados bajo la Ley Antiterrorista pese a ser menores de edad en ese entonces.

Por el episodio ya habían sido absueltos siete adultos, mientras que ambos menores debieron permanecer en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.

En el marco de este juicio, el martes declaró en el tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche.

“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje”, detalló el sacerdote jesuita Luis García Huidobro [11].

Entre 2009 y 2011, siendo Michelle Bachelet Presidenta y Edmundo Pérez Yoma ministro del Interior, una treintena de comuneros estuvieron en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como “delator compensado” por la Ley Antiterrorista. Tanto Luis Marileo como Patricio Queipul permanecieron en la cárcel de Angol durante más de un año, teniendo como prueba fundamental de un delito que no cometieron las palabras de este agente encubierto que trabaja para Carabineros.

Ante esta situación, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo aseguró que “para mucha gente en el sur de Chile no es novedad lo que está pasando con este testigo protegido de la Fiscalía”, detallando el historial de juicios en los que Raúl Castro Antipán ha participado.

“Este individuo ya participó el año pasado de un juicio oral en Temuco, donde también fue la carta bajo la manga de la Fiscalía. Con su testimonio se pretendía inculpar a comuneros mapuche que finalmente fueron todos absueltos. El que ahora esté participando en un nuevo juicio no solamente da cuenta de una irregularidad que tiene que ver con el debido proceso acá en el sur, sino que también con la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía para intentar encarcelar a comuneros”, acusó.

A su juicio, claramente existe una intención política detrás de la persecución hacia militantes mapuche, determinada por la aplicación de la ley antiterrorista que ha sido cuestionada por distintos organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

“La aplicación de esta ley vulnera el debido proceso y las garantías procesales de los ciudadanos mapuche. Qué prueba más palpable de eso es, por ejemplo, la utilización en este caso de testigos protegidos que son delincuentes confesos, que se benefician de las disposiciones de la Ley Antiterrorista, por ejemplo, la delación compensada, para ser utilizadas como herramientas de persecución de los dirigentes de las comunidades. Es lamentable que la Fiscalía tenga que recurrir a delincuentes confesos para intentar encarcelar a los dirigentes y eso es algo que debiera llamar la atención de las autoridades”, agregó.

Esta confesión viene a corroborar las denuncias levantadas desde hace años por el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, acerca del uso de agentes infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.