En la línea de asegurar la igualdad de oportunidades entre las personas, un grupo de diputados de la Oposición ingresó a trámite legislativo el pasado jueves 20 de enero una reforma constitucional (boletín 7466) que establece el sueldo mínimo regional y suprime la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en esta materia.
El proyecto, derivado a la Comisión de Constitución para su estudio, fue originado por los diputados independientes Marta Isasi, René Alinco, Sergio Aguiló y Miodrag Marinovic; los PPD Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez; el PRI Pedro Araya; el DC Gabriel Ascencio y el PS Luis Lemus.
Según explicaron, la iniciativa busca introducir dos modificaciones; terminar con la exclusividad presidencial para la presentación de proyectos de ley destinados a fijar las remuneraciones mínimas del sector privado e introducir un mecanismo de corrección monetaria, a nivel regional, en consideración al mayor o menor costo de la vida en las distintas regiones en que se divide el país.
Precisaron que la primera de las modificaciones “se justifica por no existir motivo alguno para entregar la iniciativa exclusiva al primer mandatario”.
“En efecto, si consideramos que el Presidente de la República, con la estrecha colaboración del Ministro de Hacienda, es quien administra los fondos públicos, se entiende que de ellos dependa fijar, modificar, aumentar o conceder remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos y otro tipo de beneficio o emolumentos a los trabajadores del sector público, porque ellos conocen el estado de la hacienda pública y saben cuánto se puede gastar de esos fondos en relación con la planificación fiscal de un determinado gobierno, lo que explica la iniciativa exclusiva en materia de gastos o fondos públicos, pero que no explica por qué sólo el Presidente puede plantear el proyecto de ley destinado a establecer las remuneraciones mínimas del sector privado”, recalcaron.
Plantearon que el segundo cambio se sustenta “no sólo en hechos tan objetivos y conocidos como que el costo de la vida en determinadas regiones -las aisladas- es más cara que en otras no aisladas, sino en antecedentes tales como que en la Administración del Estado, una misma actividad es remunerada de un modo distinto si se ejerce en regiones aisladas, lo que se conoce como la asignación de zona”.