Ordenan al fisco a pagar 612 millones a ex concesionaria de Zona Franca de Punta Arenas

Luego de varios meses de ardua polémica, que incluso costaron la salida de Arturo Storaker de la Intendencia Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, la justicia civil acogió en primera instancia la demanda presentada por la ex concesionaria de Zona Franca (Parenazon), ordenando al fisco a pagar a ésta la suma de $   611.937.255, la cual resulta notablemente inferior a los  $ 2.363 millones consignados en la respectiva demanda.

En su fallo, el juez Guillermo Cádiz Vatcky, titular del 1er. Juzgado de Letras de Punta Arenas, ratifico la existencia de un incumplimiento forzado del contrato establecido entre el fisco y la ex concesionara. Sin embargo, excluyó del petitorio de ésta diversas obras, entre las cuales figuran las levantadas en el terreno anexado en el contrato de ampliación suscrito en 1982,  conocido como franja ex Lan Chile.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, el magistrado estableció que la suma que el fisco deberá pagar,  habrá que sumarle la variación experimentada por el IPC a contar del 10 de febrero de 2007, fecha en que entró en vigencia la nueva concesión del recinto franco, indicando expresamente que dicho incremento en el respectivo pago deberá incluir hasta el día calendario en que se realice la transacción.

A lo anterior, deberá ser añadido por concepto de indemnización de los perjuicios moratorios, los intereses corrientes establecidos para operaciones reajustables, según las concernientes especificaciones. No obstante ello, el juez Cádiz sentenció que cada parte deberá cancelar sus respectivas costas.

Reacciones

En este contexto,  según consignan medios escritos locales, el nuevo intendente de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, se reunió  en Santiago con funcionarios del Ministerio del Interior y abogados de esa misma cartera, donde se analizó el complejo  escenario que vive el recinto franco en materias contractuales, comprometiéndose los juristas a apoyar en la investigación, desarrollándose anexamente fiscalizaciones por parte de la Contraloría.

Por su parte, ayer se hicieron públicas las reacciones  de las partes involucradas en el conflicto, en las cuales los abogados de las partes señalaron no conocer el tenor del fallo pronunciado por el Primer Juzgado de letras de Punta Arenas el pasado 1 de septiembre.

Así, en representación de la Sociedad Comercial Otway S.A.,  controladora de la ex concesionaria Parenazon, el abogado Miguel Sandoval,  manifestó: “Yo desconozco en detalle lo que supuestamente dice el fallo, y mientras no se realice la notificación no puedo comentarlo, por lo que prefiero no entrar en una elucubración de lo que podríamos o no hacer, porque es necesario tener el conocimiento exacto del fallo”.

Mientras, en representación del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Michael Wilkendorf, adelanto que lo más probable es que se apele a la resolución dictada por el primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, para lo cual rige un plazo fatal de 10 días a partir de la notificación de la sentencia.