Noviembre, como mes de la tradicional discusión del presupuesto fiscal del año siguiente, también es fecha de movilización y declaraciones entre el Gobierno de turno y los funcionarios del Estado, quienes esta vez están demandando un reajuste general de 8,8%, igual al del sueldo mínimo.

Esta demanda beneficiaría a los 750 mil funcionarios estatales, donde se incluye a los 220 mil trabajadores dependiente de la Administración Central del Estado, más los 60 mil trabajadores municipales, además de los funcionarios de la salud primaria y de las universidades estatales (también beneficia a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad).

El tenor de la discusión de esta jornada fue la expectativa de que el tema se discutiera en el comité político de ministros y partidos de Gobierno, que se realiza los días lunes en La Moneda, porque, según los funcionarios públicos, la tarde del viernes pasado, en las oficinas del Ministerio de Hacienda, el Gobierno se había comprometido a discernir sobre la materia.

Pero eso no pasó, y al concluir el comité político, el jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín, dijo que ese asunto nunca estuvo en carpeta: “Nunca existió la promesa de tocar el tema en este comité político. No es tema de esta instancia, se trabaja entre Hacienda, Trabajo y la mesa del sector público, entonces no hay una promesa de tocar este tema en el comité”.

Por de pronto, la repercusión de esto es que los 400 consultorios y Centros de Salud Familiar (CESFAM) y 2 mil 200 postas de atención primaria, podrían volver a estar en paro, tal como lo estuvieron el recién pasado 7 y 8 de noviembre. Ese paro se detuvo porque el tema del reajuste se hablaría en La Moneda, pero eso no sucedió.

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), una de las 14 organizaciones de la mesa ampliada del sector público, criticó, a través de su presidente Esteban Maturana esta actitud del Gobierno y adelantó que si no hay acercamiento, habrá nuevas movilizaciones para después del domingo.

El dirigente señaló que “esto sorprende. Uno se sienta en una mesa con autoridades de Gobierno, y uno espera que sea la voz de Gobierno. Entonces las declaraciones del ministro Larraín genera molestia, y eso deriva en movilización. El escenario es que el Gobierno insiste en su lógica de llevar esta discusión para después de las elecciones”.

Por su parte, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que integra preferentemente a trabajadores los 340 servicios públicos y ministerios del Gobierno, reiteró a través de su presidente, Raúl de la Puente, su crítica “al afán de la autoridad de postergar este tema para después de la elección”.

De la Puente indicó que “no hay tiempo para una real negociación si el Gobierno pretende dilatar, desplazarla para después de las elecciones, tramitando este proyecto en el Congreso con una negociación de Presupuesto que se va a concluir también después de las elecciones”.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, expresó que “de no entregarse una cifra, Mesa del Sector Público, por unanimidad de sus miembros convoca a una Movilización Nacional para este miércoles”.

En definitiva, hasta ahora todo indica que se va a imponer el calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien señaló a comienzos del mes pasado que el tema del reajuste salarial del sector público debía discutirse después de la elección, no extenderse por más de 12 días, y finalmente limitarse al debate en el Congreso, y no negociar directamente con los trabajadores.

Este martes a las 15:30 horas está agendada una nueva reunión de los trabajadores públicos con Hacienda. Previamente, a las 11:00 hrs, los dirigentes del sector realizarán una declaración ante la prensa.