Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de RSF: Chile se ubicó en el lugar 60

11 Febrero 2013

No obstante, el ascenso de Chile en la clasificación merece ser relativizado teniendo en cuenta los graves desequilibrios en su espacio de comunicación, la criminalización de los medios de comunicación comunitarios.

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El surgimiento de movimientos de protesta de envergadura –y su represión– había modificado de forma considerable la posición de ciertos países en 2011. El reflujo de estos movimientos cambia lógicamente la situación un año más tarde. Es el caso de Chile (60o, +20), donde las movilizaciones estudiantiles de 2012 no tuvieron la misma magnitud que el año precedente. Las acciones represivas se concentraron esta vez en la región de Aysén, recorrida por una fuerte ola de protestas en el primer trimestre del año. No obstante, el ascenso de Chile en la clasificación merece ser relativizado teniendo en cuenta los graves desequilibrios en su espacio de comunicación, la criminalización de los medios de comunicación comunitarios –en particular en territorio Mapuche– y las dificultades que enfrentan los periodistas que investigan sobre la dictadura (1973-1990).  

Estados Unidos (32o, +15), donde la represión del movimiento Occupy Wall Street también afectó a los periodistas que lo cubrían, registró una dinámica similar, lo que le permitió recuperar una posición más acorde a su reputación de “país de la Primera Enmienda”. En cambio Canadá (20o, -10 puntos) perdió este año su lugar de país mejor calificado, favoreciendo el ascenso de Jamaica (13o). Esto se debe, por una parte, a los obstáculos que enfrentaron los periodistas durante el movimiento estudiantil conocido como la “Primavera de Maple” y, por otra, a las persistentes amenazas al secreto de las fuentes y a la protección de datos personales de los internautas, afectada por el proyecto de ley federal C-30, de lucha contra la cibercriminalidad. 

Las nuevas tendencias, más claras, se observan en el sur del continente. Brasil (108o), enlutado en 2012 por el asesinato de cinco periodistas, retrocede aún nueve lugares; en 2011 ya había caído 41. Su paisaje mediático también se distingue por fuertes desequilibrios. Muy dependientes de los gobiernos estatales, los medios de comunicación regionales son los que corren más riesgo de padecer ataques, agresiones a su personal, así como órdenes de censura judicial, que también afectan la blogósfera. Violenta, la campaña de las elecciones municipales de octubre de 2012 exacerbó esta situación.

 

Guerra mediática y golpe parlamentario, factores de caída

En Paraguay (91o, -11), el golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, no tardó en producir sus efectos en materia de comunicación e información. Se llevó a cabo una verdadera purga de personal en los medios de comunicación públicos creados bajo el mandato del presidente destituido, que estuvo acompañada de una recurrente censura de programas. Las radios comunitarias temen también por sus frecuencias, que ya de por sí son pocas.

Aún en el sur, Perú (105o, +10), conocido por su elevado nivel de agresiones, adelanta esta vez a Brasil, que supera sólo con un punto a Bolivia (109o), país en que algunos medios de comunicación fueron blanco de atentados espectaculares (ataques con dinamita, incendios provocados) y donde la polarización pesa tanto a escala nacional como local. Marcado por un año de gran tensión entre el gobierno y los principales sectores de la prensa privada, Ecuador (119o, -15) se ubica detrás de Venezuela (117o). Algunos cierres abusivos de medios de comunicación puntuaron el periodo en este país andino, en el que fue asesinado un periodista y donde se registraron más de 170 casos de violencia en un clima de “guerra mediática”. 

Aunque su dimensión es menos dramática, la polarización se ha vuelto preocupante en Argentina (54o), que desciende algunos lugares en medio de una situación generalizada de enfrentamientos crecientes entre el gobierno y ciertos sectores de la prensa privada. En primer lugar: el grupo Clarín, refractario a la plena aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios, aprobada en 2009. Al este del Río de la Plata, Uruguay (27o) gana de nuevo terreno y se ubica a menos de diez puestos de Costa Rica (18o), aún a la cabeza de los países de América Latina. 

Los fuertes contrastes observados en 2011 en América central experimentaron pocos cambios en 2012. Falta de pluralismo, constantes tensiones con el poder político, presiones y autocensura explican en gran medida el casi estancamiento de Panamá (111o) –donde los ataques a periodistas se triplicaron en un año, según los sindicatos locales–, Guatemala (95o) y Nicaragua (78o). Por el contrario, El Salvador (38o) debe su envidiable posición a los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la inseguridad, incluso si periodistas y medios de comunicación denuncian a menudo la falta de acceso a la información de las instituciones y los organismos públicos. Una disminución global de la violencia contra los periodistas y de procesos perjudiciales para la libertad de informar, justifican el progreso de República Dominicana (80o, +15), pero este país aún se encuentra lejos de su vecino Haití (49o), donde la situación en su conjunto permanece igual pese a la actitud, a veces agresiva, del presidente Michel Martelly, de la que algunos periodistas se consideran víctimas.

 

Turbulencias caribeñas; los mismos países en el abismo

Tensiones políticas y abusos procesales explican la posición de otros países de las regiones de las Guyanas y el Caribe. En Trinidad y Tobago (44o) no han acabado los intentos de rastreo de las fuentes de los periodistas y el salvaje espionaje telefónico a los que, no obstante, el gobierno había prometido poner fin en 2010. En Surinam (31o, -9), las relaciones entre el presidente Desi Bouterse y una parte del gremio, en ocasiones turbulentas, no mejoraron tras el voto de la ley que amnistía el asesinato de quince opositores, cinco de ellos periodistas, cometido hace treinta años. Entonces el dictador se llamaba… Desi Bouterse, quien regresó al poder por las urnas en 2010. Los siete países pertenecientes a la Organización de Estados Caribeños del Este (OECS por sus siglas en inglés) retrocedieron ocho lugares (34o); esto se debe a las presiones –a veces directas– de los gobiernos sobre las redacciones, así como a un proceso de despenalización de los delitos de “difamación” e “injuria” demasiado lento. Estas mismas presiones se denunciaron en Guyana (69o), cuya clasificación aún se ve afectada porque el Estado mantiene el monopolio de la radio. 

En las profundidades de la clasificación, Honduras (127o), donde dos periodistas fueron asesinados y el crimen tiene relación directa con el ejercicio de su oficio, permanece en el statu quo provocado por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. No ha disminuido la persecución de los medios de comunicación de oposición y de las radios comunitarias, ni la criminalización de los defensores de los derechos humanos o de los movimientos sociales, proveedores de información sobre cuestiones delicadas (conflictos agrarios, abusos de la policía, derechos de las minorías). 

Pese a las esperanzas suscitadas por las nuevas negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, Colombia (129o) aún debe enfrentar el narco-paramilitarismo, verdadero predador para aquellos que trabajan al servicio de la información. Aunque en 2012 se registró una ligera disminución del número de agresiones, en el país fue asesinado un periodista. 

En el norte, México (153o) conserva su puesto de país más peligroso del continente para el gremio; seis periodistas fueron asesinados. La violencia y la censura acompañaron el desarrollo de las controvertidas elecciones del 1 de julio de 2012, que marcaron el regreso a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cuba (171o), el último país del continente en la clasificación y el único que no tolera –salvo raras excepciones– ninguna prensa independiente, acaba un año de fuerte represión de la disidencia. En la isla hay dos periodistas encarcelados, uno de ellos de la prensa del Estado.

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