*Por Karina Olivares es Directora de Acción Social - Fundación Nacional de Discapacitados. www.fnd.cl

El levantamiento social que evidenciamos en Chile, por parte de las personas con discapacidad y sus familiares tiene fuertes bases que se asientan en las múltiples carencias que experimentamos a diario, las cuales tienen su fundamento en la ausencia de una política pública fuerte que pueda dar respuesta a todas las aristas que están involucradas en este conflicto. Esta semana, un grupo de manifestantes organizados se reunieron con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se comprometió a revisar las demandas y enviar a Concepción una comisión de subsecretarios, pero sabemos que esto puede resultar una más de las tantas medidas parche implementadas tanto hoy como en el pasado.

Se trata de un colectivo compuesto por más de 3 millones de personas, cuyo malestar se ha agudizado frente a la indolencia de las autoridades, lo cual se materializa en la inexistencia de una política social, que contenga compromisos firmes, sostenibles y evaluables en el tiempo, sea en la forma de programas, proyectos y/o beneficios concretos a favor de las personas con discapacidad, tal cual se encuentran manifestado en la Ley 20.422.

Solo en las últimas semanas, acciones extremas de presión se han manifestado en diversos puntos del país. Ello solo retrata que el malestar no da para más: Concepción acogió en su Catedral a un grupo de huelguistas de hambre; SENADIS de la Región Metropolitana se encuentraba tomada por un grupo que apoya las demandas de Concepción, y hace unos meses, Valparaíso también fue escenario de marchas de quienes hasta ahora y como nunca antes, han levantado su voz frente a lo que estiman se trata de una grave vulneración de derechos humanos que ocurre hoy, en la actualidad, por parte de quien justamente debiese protegerlos, el Estado de Chile.

Las demandas tienen rostro, una cara que nadie quiere ver. Gustavo tiene 34 años y hasta hace un año era trabajador esporádico de la construcción. La ausencia de mejores oportunidades le hizo tomar la decisión de trabajar en lo que viniera, sin tomar en cuenta medidas de seguridad. Reparando un techo, resbaló y cayó al vacío, sin casco, sin protección. Un diagnóstico lapidario que incluyó fractura en varias vértebras selló su destino en un Chile que no cuenta con rehabilitación para este tipo de casos ni para otros más. En su calidad de usuario de FONASA, Gustavo tuvo que optar a la oferta publica disponible, que considera atención de urgencia, hospitalización breve y alta domiciliaria con indicación de sesiones kinesiológicas ambulatorias, que resultan claramente insuficientes y que incluyen un apurado entrenamiento motriz, uso de silla de ruedas y otros aspectos, tras lo cual y como se dice en buen chileno, Gustavo se fue “pa` la casa”.

En este espacio, reservado para sus familiares, nadie sabe cómo abordar al nuevo Gustavo, a esta persona dependiente que no quiere serlo: a veces lo ven deprimido, agresivo, sin ganas de nada. En su casa pasa a ser una más de las personas con discapacidad invisibilizadas por un sistema que no permite ni favorece una reconversión digna, pues no dispone de instancias especializadas de rehabilitación, tampoco profesionales que atiendan todos los aspectos que se abren en un caso como este. Cuando pasen los meses, Gustavo y su familia sabrán que tampoco ha habido ni habrá posibilidades laborales para volver a desempeñarse en algo. A cambio habrá discriminación, inconvenientes de todo tipo para trasladarse por la ciudad, falta de movilización publica adecuada y una serie de motivos para no darle trabajo.

Pasará a depender del exiguo monto ofrecido por el Estado, una Pensión Básica Solidaria de Invalidez que no supera los 90 mil pesos. Lo anterior, siempre y cuando “califique” para obtener este beneficio. En Chile las personas con discapacidad, aparte de todas las dificultades relatadas, deben formar parte del primer (y como máximo) el segundo quintil de ingresos más bajos de la población para optar a algunos de los pocos beneficios ofrecidos. El problema base de lo que vive hoy Gustavo y otras miles de personas, forma parte de solo una de las demandas que se propagan por todo Chile, la exigencia por lograr una salud y rehabilitación integral.

Cristina es madre de David, un chico de 10 años con diagnóstico de Síndrome de Down. Ellos viven junto a la pareja de Cristina y un hijo de esta relación. La situación educativa de David es complicada pues vive distante varios kilómetros al único establecimiento educacional que cuenta con educación especial. Los recursos de la escuela son pocos, pese a que acoge toda la demanda de los chicos con discapacidad de la comuna. Allí se encuentran diversos tipos de discapacidad reunidos, la mayoría de las veces, en un mismo salón de clases. Las educadoras demandan mayor atención a esta situación, pues saben que los chicos no reciben la formación necesaria a sus múltiples necesidades educativas. Cristina, la madre de David, siente que debe hacer este esfuerzo y trasladar a su hijo a esta escuela, pese a que sabe que allí no aprende nada. Siente frustración y soledad, pues lo que ella siente es lo que otras madres le relatan.

Se siente abandonada por el sistema en esta suerte de educación de tercera o cuarta categoría. David no tendrá expectativa cuando egrese de este establecimiento, le buscaran talleres laborales protegidos cuando pueda y quiera hacer alguna actividad como todos los demás, pero la oferta es inexistente, está en otros lugares o es costosa. Como otras madres ha “golpeado muchas puertas” a los cortos 10 años de David. Aún le espera un gran camino en un Chile que no cuenta con educación de calidad, menos aún para las personas con discapacidad. Cristina está considerada en las demandas de estos colectivos, pues este caso se repite por miles en todo Chile.

América es jefa de hogar, y tiene un hijo de 14 años. Se encuentra pensionada a sus 52 años por dos tipos de patologías, una de tipo física y otra auditiva. Desea encontrar un trabajo pues sabe que en unos años más su pensión no alcanzará para cubrir los gastos educativos de su hijo. Quiere capacitarse en un área que le interesa, la administración contable. Busca capacitación de buena calidad que le permita optar a un buen empleo, está optimista. Acudió a la oferta de los programas de Gobierno en materia de capacitación, pero le han puesto una gran barrera: además de ser mujer, jefa de hogar y persona con discapacidad múltiple, pensionada por esta causa, debe pertenecer al primer o segundo quintil de ingresos más bajos para optar a la capacitación ofertada, de manera gratuita. El instrumento utilizado para medir su situación socioeconómica (Ficha de Protección Social) estimó que “no estaba en situación de pobreza”.

América queda fuera de este Programa y lo necesita con urgencia. Se encuentra “golpeando puertas” para que algún funcionario público revise el puntaje de su Ficha. Le adelantaron que debe presentar nuevamente todos los documentos que acreditan discapacidad, pues al parecer no estaría considerado. La situación de América se multiplica no solo en adultos sino que también en jóvenes con discapacidad que buscan estudiar como todos, una carrera a fin a sus talentos, peropareciera que en el “Chile Inclusivo” se ve de mal tono destacar o al menos vislumbrar que se es merecedor de algo solo por ser una persona con discapacidad. Lo inclusivo, homogeneizador, ha sido el responsable de esta especie de “invisible pasar” de muchos que, en otras latitudes, Si tienen derechos consagrados y son considerados no por lastima, por las múltiples barreras que tienen que enfrentar. Eso forma parte del desarrollo.