El pasado viernes 2 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra siete funcionarios municipales por el delito reiterado de fraude al fisco. Esto, debido a un millonario robo de combustible que habrían concretado entre 2012 y 2014.

Para perpetrar el delito, los acusados se aprovecharon de un convenio entre la Municipalidad de Punta Arenas y la empresa Petrobras, logrando con ello afectar las arcas fiscales por más de $94 millones.

Según se consigna en La Prensa Austral, los involucrados simulaban cargar combustible a los vehículos municipales, pagando luego con una tarjeta perteneciente a Petrobras.

Los antecedentes contenidos en la acción penal firmada por el procurdor fiscal del CDE en Magallanes Dagoberto Reinuava, revelan que posteriormente los ‘vouchers’ por las supuestas ventas de combustible eran cambiados por dinero en efectivo a personal del servicentro.

A la fecha, sólo uno de los acusados fue desvinculado del municipio; otros cuatro choferes permanecen cumpliendo funciones en el Departamento de Operaciones, y dos jefes de departamentos son actualmente investigados por no dar cuenta de las irregularidades.

A raíz de lo anterior se instruyó una investigación sumaria, la cual arrojó los antecedentes suficientes para que en enero de 2015 se formalizara la denuncia en la Fiscalía, dado que a todas luces los antecedentes arrojaban actos constitutivos de delito. A lo largo de dicha indagatoria del Ministerio Público, estarían por acreditados los delitos -consigna la querella-, y la responsabilidad de los involucrados.