Este miércoles 28 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas suscribió un protocolo interinstitucional con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. 

El acuerdo, que fue firmado por la presidenta de la Corte de Apelaciones, ministra María Isabel San Martín, el fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos y la defensora regional Gustava Aguilar, tiene por objetivo agilizar la tramitación de causas. 

Entre otras cosas, el protocolo autoriza a comparecer ante el tribunal de alzada, sin necesidad de contar previamente con delegación de poder, a los abogados y abogadas ayudantes de fiscal y de la unidad de Asesoría Jurídica que se desempeñen en el Ministerio Público. 

Esto mismo funcionará para quienes presten servicio en la Unidad de Estudios Regional y en la Defensoría Penal Pública de la jurisdicción. 

El protocolo impone a ambas instituciones a actualizar, con una periodicidad máxima de 6 meses, la nómina de abogados que cumplen las funciones antes indicadas, e informar de inmediato a la Corte de Apelaciones cualquier cambio en la calidad en virtud de la cual comparecerán los profesionales.