Tres meses atrás, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro, anunció la puesta en marcha de un exhaustivo plan fiscalizador enfocado a resguardar el buen uso de soluciones habitacionales de sus beneficiarios en Magallanes.

Dicho y hecho, desde julio pasado un equipo de profesionales dio inicio a una completa investigación, considerando un universo de 1.298 viviendas sociales entregadas tanto en Punta Arenas, Natales y Porvenir.

No obstante, y tras las diligencias efectuadas por la seremi regional, se comprobaron 21 casos de inmuebles los que en su mayoría eran arrendados de manera inadecuada a terceros.

Debido a lo anterior, y a que se vulneran las normas de uso de las casas, es que dichas viviendas deberán ser confiscadas.

Frente a esta situación, el seremi Haro declaró que “lo que nos corresponde es que estos casos sean los primeros llamados a la restitución del subsidio o la propiedad, porque a todos nos indigna que la vivienda se convierta en un bien de uso comercial y no para lo que estuvo creada.”

El informe dado a conocer por la autoridad regional habla de las viviendas fiscalizadas por provincias: Magallanes (807), Última Esperanza (208), Tierra del Fuego (242) y Antártica Chilena (41), totalizando así 1.298 soluciones habitacionales.

Finalmente, puntualizó que “las 21 viviendas mencionadas serán objeto de acciones legales, con el correspondiente derecho de las personas a apelar, pero hay otros casos que siguen en investigación, casas o departamentos que están sin usuario, y con esta fiscalización queremos ordenar la asignación de recursos del Estado que tienen que ir a casos de urgencia”.