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Indignación causó, en medio de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, la publicación de entrevistas a Manuel Contreras, ex general director de la DINA, uno de los principales organismos de tortura y exterminio durante la dictadura. Desde el penal Cordillera, el uniformado amenazó que no moriría en la cárcel, término que ha sido cuestionado al evaluar su cautiverio.

El penal Cordillera, ubicado en el regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén, cuenta con seis cabañas para los internos, presos condenados por violaciones a los derechos humanos. Manuel Contreras, Miguel Krassnof o Pedro Espinoza, con piezas individuales con teléfono y televisión por cable, además de canchas de tenis, quincho para asado y horario extendido de visitas.

En Til Til, Punta Peuco es otro recinto para culpables de crímenes cometidos durante el régimen, con áreas verdes y piscina. En comparación, en este penal existen 1,5 gendarmes por cada reo, mientras que en la ex Penitenciaría un solo guardia es responsable por 13,5 internos. Estos son los únicos recintos penitenciarios donde la población de gendarmes es mayor al número de reos.

La base de datos del programa de DDHH del ministerio del Interior, destaca que a septiembre de 2011, 249 uniformados fueron condenados por violaciones a los Derechos Humanos. De ellos 177 gozan de libertad vigilada, tres de libertad condicional y 64 cumplen presidio efectivo. De estos condenados, 49 están en Punta Peuco, nueve en Cordillera y los seis restantes cumplen condena en cárceles comunes fuera de Santiago, por razones familiares.

Por su parte, el abogado Nelson Caucoto sostiene que son los crímenes más graves en la historia del país, por lo que no se justifican las regalías que reciben los militares encarcelados, considerando además que muchos beneficios no son ordenados en la condena, sino condiciones que desvían el rol de la justicia al declararlos culpables.

Tanto Amnistía Internacional como otros organismos han subrayado en esta irregularidad, y desde la Comisión de Reducción de Penas (comité que recoge opinión de expertos y la visión del Poder Judicial) proponen cerrar Cordillera y trasladar a los reos hasta Punta Peuco, sin resultados concretos.

Una petición recogida por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. Su presidenta, Alicia Lira, espera una resolución que permita a los militares reciban el trato de un reo común: “Vamos a pedir que los violadores que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a cárceles comunes. Es discriminador para los reclusos por delitos comunes, mientras en Punta Peuco y Cordillera tienen todas estas regalías, con un trato deferente de los gendarmes”.

Desde Gendarmería, los funcionarios han solicitado el cierre de los penales Cordillera y Punta Peuco, terminando así con los beneficios que reciben los uniformados, y que éstos sean trasladados a cárceles comunes, como cualquier persona que comete un delito en el país.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado, advierte que estos recintos fueron habilitados por un acuerdo político en 1995, y Gendarmería no se hace parte de un compromiso propuesto desde el Ejecutivo y en colaboración con el Congreso, que deriva en política de Estado que permite esta anomalía.