<p>Realizar la elección de intendentes en el 2017 le traerá al actual gobierno y parlamentarios el rechazo de la ciudadanía regional, con serias consecuencias políticas difíciles de prever. Los movimientos ciudadanos nacieron para quedarse y ante una causa justa no se doblegan.</p>
Por Ernesto Dattari Escudé, Capítulo Metropolitano de Fundación Chile Descentralizado
La descentralización se debe plantear como un medio para mejorar la administración del Estado acercándola al ciudadano, y como un imperativo para el desarrollo integral y solución a las desigualdades territoriales. El país necesita nuevos motores que le permitan mejorar el impulso del crecimiento, con gobiernos locales capaces de alinear a los distintos actores en torno a un proyecto común. La elección de Intendentes elegidos democráticamente es una de las primeras medidas incluidas en las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y comprometidas por el actual Gobierno. Será la reforma de descentralización más emblemática y necesaria para lograr un efectivo avance del proceso de descentralización y del futuro desarrollo de las regiones.
Es evidente que la descentralización no implica sólo una modificación en el esquema de división funcional del trabajo entre jurisdicciones estatales, también afecta la dinámica de la política global del país, el rol de los partidos y los intereses nacionales y locales. Es aquí donde radica un tema que se debe tener en cuenta para hacer que el escenario que conforma la elección de los intendentes sea lo más conveniente para los intereses de las regiones, para asegurar que los intendentes elegidos tengan los mayores grados de representatividad, legitimidad, independencia y recursos necesarios para interactuar y consensuar con el gobierno central de turno la realización de los planes de desarrollo regionales. Por lo tanto, mirando el interés regional, la elección de intendentes al igual que la elección de las otras autoridades territoriales (alcaldes, concejales y consejeros) se debe realizar en fechas distintas a la elección de las autoridades nacionales (presidente y parlamentarios) para no contaminar la esencia de los gobiernos territoriales, en que su misión fundamental debe ser representar a su territorio con toda su integridad ciudadana, independiente de la contingencia política de turno, la que debe estar reservada preferentemente para las autoridades nacionales.
La Comisión Asesora así lo ha entendido y ha propuesto que la primera elección directa y popular del intendente sea en conjunto con las municipales en Octubre de 2016, sin embargo, y mirando un interés personal, mezquino, cortoplacista y lejos del interés de las regiones, algunos presidentes de partidos y parlamentarios presionan al gobierno para que ésta se realice en conjunto con las elecciones presidenciales y parlamentarias en el 2017. Es evidente que la elección en el 2017 amenaza menos a los actuales parlamentarios, que están muy inquietos porque el perdedor de una elección de intendente el 2016 les compita el 2017.
Realizar la elección de intendentes en el 2017 le traerá al actual gobierno y parlamentarios el rechazo de la ciudadanía regional, con serias consecuencias políticas difíciles de prever. Los movimientos ciudadanos nacieron para quedarse y ante una causa justa no se doblegan.
