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El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami arremetió ante los últimos hechos relacionados con los casos de corrupción y transparencia en la política, para ello planteó necesario reponer el proyecto de ley de “sobre azul a los parlamentarios”.

Junto con los independientes Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y los PPD Tucapel Jiménez, Rodrigo González, Denise Pascal del PS y Sergio Aguiló de la Izquierda Ciudadana, entre otros, propusieron que los cargos de elección popular puedan ser destituidos a través de un referéndum revocatorio, como es posible en los ordenamientos políticos de otros países.

Se trata de una reforma constitucional, tema que según Enríquez-Ominami es una aspiración de su sector y varios más, quienes ponen en tela de juicio el rol del Tribunal Constitucional, luego de que éste suspendiera la investigación de la Fiscalía sobre la arista SQM del caso Penta.

En este contexto, el fundador del movimiento Progresista expresó que la ciudadanía ha desbordado la política hacia la justicia, lo que hace necesario legislar en esta dirección.

“Pareciera que el poder político está condenado a la justicia, hay que ir a ver jueces para lograr cosas. En Caimanes fueron a la justicia, y fue la justicia la que ordenó el freno a un proyecto. Lo mismo en Castilla, en Freirina, en Aysén, en Magallanes; cómo la ciudadanía desborda la política y no busca partidos políticos para resolver sus problemas. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es muy delicado y eso es lo que hay que reflexionar. La justicia actuó, ahora que actúe la política. Lo que es muy irritante e indignante es que la clase política se dedique a decir que las instituciones funcionan, si hace rato que no funcionan. Yo quisiera ver un Congreso que legislara”.

Los casos Penta y Caval, en este sentido, generan preocupaciones legítimas, a juicio del ex presidenciable, quien insiste en que hay problemas éticos que se deben resolver, por ello emplazó a “recuperar la decencia” en la política.

Lo más grave de los casos de corrupción en el financiamiento de la política, expresó el ex diputado, es que grandes empresas como el Grupo Penta hayan financiado programas de Gobierno, como es en su opinión, el caso de la UDI.

“Creo que la tarea de la política es hablar de ética también, de devolverle -la palabra es grande- la decencia. Lo que está en cuestión no es solamente el financiamiento ilegal, es la duda fundada que todos tenemos de que algunos recibieron plata, que es una cosa, y otra es que por otra plata defendieron un interés. Eso me parece que es una segunda discusión. Nuestra protesta, la de los progresistas, no solamente es por lo legal o la justicia, es una protesta de la conducta”.

La iniciativa establece que para llamar a un referéndum revocatorio, la ciudadanía debe recolectar un número determinado de firmas ante notario, entregando sus argumentos.

Esto debería ir acompañado de un reglamento estricto para que no distorsionar el carácter propio de esta figura.

Para que el resultado sea válido, al menos un 25 por ciento del padrón electoral del distrito o circunscripción debe participar en el referéndum, y además, la opción que prevalezca debe obtener la mayoría absoluta -el 50 por ciento más uno- de los votos.