Los funcionarios del Registro Civil comenzarán, a partir de este jueves y hasta el domingo, una especie de tregua en el paro que ya se extiende durante más de 20 días para atender solicitudes de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil (AUC).

Esto, luego de la presión de las agrupaciones de la diversidad sexual y como un gesto, según Nelly Díaz, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de ese servicio (Anercich), hacia el Gobierno y los trabajadores dependientes del Ministerio del Interior que, según los planes del Ejecutivo, estarían a cargo de realizar estas labores.

Esto ha sido considerado como un mecanismo de reemplazo y una actitud rompehuelgas por parte del Ejecutivo, ya que han buscado enfrentar a los funcionarios. En este caso, el presidente de los funcionarios del Ministerio del Interior (Fenaminsa), Marcos Dinamarca, respaldó la movilización del Registro Civil.

Nelly Díaz, por su parte, aseguró que los trabajadores están a la espera de una fuerte represión, pero, al mismo tiempo, preparados para enfrentar la estrategia de desgaste por la que ha optado el Gobierno.

“Todos los días me reúno y converso en audio-conferencia con los funcionarios de todo el país. Me doy ese trabajo, todos los días. Nosotros estamos más unidos que nunca, están jugando al desgaste pero no lo van a conseguir. A lo mejor con los profesores y otras entidades gremiales lo han conseguido. Todos los días nos estamos preparando para un nuevo día. Estamos preparados para la cuarta, quinta, sexta y las semanas que sean”, advirtió la dirigenta.

De hecho, el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, (ANEF), Raúl de la Puente, aseguró que se viene una movilización ascendente por parte de los trabajadores del aparato público, vinculando este tema a la discusión de la Reforma Laboral.

“Este no puede ser el laboratorio del Gobierno frente al tema de la huelga y del reemplazo de trabajadores. No puede ser este ejemplo, algo que después pueda reproducirse no sólo en el Estado, en el Gobierno y en la administración pública, sino que en todos los aspectos. Hoy se está discutiendo en el Congreso esta situación, seamos consecuentes”, criticó.

El subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, respondió a los nuevos emplazamientos de los trabajadores remitiéndose a lo que han señalado otras autoridades en los últimos días: no hay recursos para atender las reivindicaciones de los trabajadores, por mucho que éstos señalen que son dineros que se encuentran al interior del servicio.

“Tenemos que hacernos cargo dentro del marco presupuestario y hemos sido enfáticos en señalar que para 2016, las prioridades que tiene que dar el Gobierno están focalizadas en salud, en educación, en seguridad pública. Nosotros hacemos un llamado sincero a los dirigentes a juntarse con nosotros, con el servicio normalizado, pero sabiendo que no hay una priorización para el año 2016”, detalló la autoridad.

Por ahora, el Gobierno no asume la estrategia de la dilación de este servicio, hasta que cedan los trabajadores. Pero cabe recordar que hay al menos tres ministerios involucrados: Justicia, Hacienda e Interior.

Fuentes de Justicia, afirman que apostaron desde un principio a resolver esto en el marco de la discusión del reajuste del sector público.