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Ha sido hecho noticioso [11] la violenta e ilegal detención que efectuaron guardias de seguridad del supermercado Santa Isabel, en Concepción, de una persona que supuestamente “robaba” al interior del supermercado, empleando en aquel procedimiento acciones fuera de la ley y, para dar un “sello de oro”, reteniéndola en una especie de celda (o cuarto de detención como le llaman). El tema no terminó ahí, dado que en el lugar se encontraba un Defensor Penal Público, el cual intentó grabar la irregular situación y que, al percatarse de esta situación los guardias, recibió malos tratos físicos y psicológicos,  junto a su señora, por parte de ellos, siendo retenido por alrededor de una hora. Dentro de la declaración que da el supermercado, justifica su actuar con la premisa de “ingresó a un lugar de acceso restringido”, pero nunca haciéndose cargo de la ilegalidad de retener y encerrar a alguien sin intervención de la fuerza pública, y más aún, sin autorización judicial previa.

Pero la reflexión que nos interesa entregar no va en la línea del acto propiamente tal (que es reprochable, condenable y totalmente ilegal), sino a cuáles son los verdaderos instrumentos “carcelarios” que hoy el retail, a través de sus supermercados y multi-tiendas, impone a los consumidores y consumidoras.

Por un lado, reforzando la idea inicial, es bien sabido el abuso que comenten varios guardias de seguridad, vendedores, supervisores y jefes de local en el desempeño de sus funciones, que van desde desconocer garantías, contratos, obligaciones, y derechos básicos, hasta las detenciones ilegales, las humillaciones y los “secuestros” que realizan en sus dependencias. Estas prácticas no son nuevas, pero nunca alguien se ha querido hacer cargo.

Por otro lado tenemos la práctica de los contratos de adhesión, otro mecanismo perverso y “carcelario”, que a través de cláusulas abusivas e ilegales, “apresan” a los consumidores y consumidoras a cumplir obligaciones que, en muchos casos, atentan contra sus derechos básicos como consumidores, y más aún, como ciudadanos de un régimen democrático.

En tercer término tenemos a las Tarjetas, unas verdaderas “esposas de plástico” que nos hacen merecedores de una auténtica “cadena perpetua” a las deudas, comisiones, intereses, repactaciones y otros mecanismos que lo único que generan es sobreendeudamiento y un problema social que tampoco es abordado de manera correcta. Lo que comienza con una inocente, colorida y amena invitación a “comprar y acceder a buenos bienes y servicios”, termina como la peor condena que pudimos pensar.

En cuarto término tenemos los incentivos que las empresas del rubro dan a sus trabajadores por cliente fidelizado, los cuales, “apresados” por el legítimo deseo de acceder a una remuneración digna, no reconocen (en muchos casos)  límites en sus estrategias, y son capaces de vulnerar abiertamente los derechos de los consumidores.

Finalmente, otro elemento “carcelario” que quisiéramos exponer es la situación de la desigual competencia a la que son sometidos los locatarios pequeños frente a la empresa del retail, que con enormes edificios, precios y calidades más bajos y con gran volumen de venta, van arrasando con todo pequeño locatario a su paso, desapareciendo la oferta del lugar y transformándose, en muchos casos, en el único proveedor de determinados bienes y servicios, “apresando” al consumidor a realizar sus actos de compra sólo en este lugar, sin posibilidad de optar.

Lo anteriormente expuesto nos demuestra una serie de situaciones que nos debe preocupar como sociedad, ya sea por la impunidad que existe sobre estas prácticas, la habitualidad que tienen, la fuerza que día a día adquieren, pero más aún, por el inexistente control y fiscalización que hay sobre ellas, dado que ninguna institución asume una responsabilidad real y sólo balbucean respecto a “¿Quién es la policía que debe actuar?”.

Como consumidores y consumidoras merecemos reglas claras, defensa y una institucionalidad que no permita que nuestros derechos queden en una celda.