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Por Paula Correa en Radio Universidad de Chile [8]

La renuncia al cargo de la ex-ministra fue el argumento que esgrimió la Contraloría para no pronunciarse respecto al conflicto de intereses que tendría Ena Von Baer al formar parte activa de un negocio familiar de cultivos transgénicos cuando el gobierno decidió aprobar el Convenio UPOV-91 relacionado justamente con este tema.

El convenio permite a los ostentores vegetales patentar las semillas, lo que perjudica directamente al pequeño agricultor y a las poblaciones indígenas, que no podrán almacenar semillas, rompiendo así con su cadena productiva y modelo de vida.

En este sentido, esta omisión de la Contraloría ha generado una verdadera polémica, ya que la ahora senadora Ena Von Baer deberá votar los proyectos de ley que permiten implementar y que complementan el Convenio como la ley de ostentores vegetales y de alimentos transgénicos.

“El no pronunciamiento de la Contraloría General de la República, me sorprende, toda vez que el conflicto de interés existió, y existe. Yo espero que la senadora Von Baer se inhabilite cuando tenga que votar el proyecto de ley que tiene que ver con los gestores de semillas. En este sentido yo creo que hay que insistir, conocer la resolución, pero este es un Gobierno que está lleno y de manera permanente de conflictos de intereses”, señaló el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro.

A eso se suma que el padre de la ex ministra, Erik Von Baer, dueño de la empresa familiar,  recurrió al Tribunal Constitucional para exigir que se declare como “inconstitucional” el fallo dictado por el Consejo para la Transparencia que obligó al Servicio Agrícola y Ganadero a entregar la ubicación exacta de todos los sitios donde se hayan liberado cultivos y árboles transgénicos desde el año 1992.

Estos datos no se conocen, lo que posibilita la contaminación cruzada de alimentos. De hecho, hace pocos días el 80 por ciento de la miel chilena enviada a Alemania fue devuelta por encontrarse trazas transgénicas, poniendo en riesgo así este mercado.

Para Lucía Sepúlveda, especialista en el tema de la Red de Acción en Plaguicidas (RAPAL) esto es parte de una nueva estrategia del mayor productor de alimentos transgénicos del mundo.

“Lo que ellos hacen es típico de lo que hace Monsanto, esto no es sólo una idea de Von Baer y, a mí entender, es una pieza del tablero que maneja Monsanto. Estos son los intereses de Monsanto, que es el principal productor de transgénicos en el mundo que defiende a toda costa el derecho a no tener etiquetado para los productos transgénicos y el derecho a mantener el secreto sobre los cultivos y cada vez que los demandan en cualquier país, inician una serie de recursos para dilatar, eso les interesa”, señaló Sepúlveda.

Por su parte, Cristián Sauvageot de Chile Sin Transgénicos advirtió que Monsanto está pendiente de lo que ocurra en nuestro país porque  todo el mundo le está cerrando las puertas, por lo que buscan venir a los países del patio chico a contaminar.

“Le están poniendo moratoria en todos los países, uno ve lo que está pasando en Europa, y lo único que se hace es cerrar las puertas a los transgénicos, y aquí en Chile se pretende abrirlas. Nosotros como movimiento queremos proponer y levantar ahora es un gran reclamo para que de una vez por todas, se coloque moratoria también en Chile a los cultivos transgénicos”, afirmó Sauvageot.

Así, los movimientos ciudadanos, ambientalistas, los pequeños agricultores, productores y representantes de los pueblos indígenas seguirán las gestiones con los parlamentarios para evitar que se sigan aprobando las leyes que, según han señalado,  permiten entregar a terceros nuestra agricultura y nuestro patrimonio vegetal.