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El 16 de junio de 2017, cuatro apoderados del Instituto Don Bosco presentaron una carta dirigida a Vicente Soccorso, padre y director del establecimiento, la cual denunciaba presuntos maltratos físicos y psicológicos que la profesora Marlén del Carmen Molina Araya habría efectuado contra algunos de sus alumnos del prekínder A, de entre 4 y 5 años de edad.

Según se consigna en La Prensa Austral [12] estas acusaciones, acontecidas presumiblemente en marzo del año pasado, fueron rechazadas de plano por la docente, quien calificó la situación como “aberrante e ignominiosa”.

No obstante, según relató al matutino dichas imputaciones no se pudieron fundamentar, hecho que quedó de manifiesto tras el despido -en agosto de 2017- de Luz Molina Reyes, funcionaria que se desempeñaba como técnico de párvulos y sindicada como quien le informaba a los padres sobre los maltratos de la profesora hacia los menores.

Sumado a lo anterior, la Superintendencia de Educación desestimó las cuatro denuncias realizadas en sus dependencias por apoderados del instituto el mismo 16 de junio de 2017, señalando que no se había transgredido la normativa educacional.

Una quinta acusación en contra de Molina Araya, presentada en el Ministerio Público, fue archivada de manera provisoria en junio de 2017, por falta de pruebas.

Desvinculación

Pese a todo lo anterior, el 2 de enero de este año la profesora recibió una carta certificada notificándole su desvinculación con el Instituto Don Bosco.

¿La razón? La baja matrícula registrada en el recinto educacional en uno de sus niveles de preescolar y que habría obligado la eliminación de un curso.

Demanda

Frente a esta situación Molina Araya, junto a su abogado Luis Díaz, presentó una demanda en contra del instituto, acusando vulneración de derechos fundamentales, asegurando que no se puede vincular su despido con la baja de matrícula.

El abogado Díaz detalló que la acción judicial fue interpuesta en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas y que pretende buscar la indemnización de su representada por una suma cercana a los $55 millones.