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Desde 2014 Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones entre 24 países interesados en participar del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, que entra en vigencia este 26 de septiembre, si once Estados se suscriben. Paradójicamente, el Estado de Chile, uno de los más involucrados en la redacción y negociación, no ha suscrito al mismo, y en las últimas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, deja ver claramente que el Gobierno no lo ratificará.

El no ratificar el acuerdo promovido, es un mensaje claro de que estamos dando la espalda a lo que Dryzek denominó democratización ecológica. En este caso, el concepto de democracia adopta dos grandes líneas: participación ciudadana y acceso a la información, ambos contemplados de manera explícita en el Acuerdo de Escazú. Y como Estado no estamos adoptando mecanismos democráticos que nos pueden permitir enfrentar con éxito a la crisis ambiental que vivimos.

Ratificar el Acuerdo de Escazú, sería una señal importantísima, de que trabajaremos con respeto junto a los conocimientos ancestrales y de las poblaciones indígenas, manteniendo la viabilidad social y los límites biofísicos. No podemos olvidar que la democracia en su versión deliberativa y participativa puede favorecer los procesos de cambio hacia una sociedad más sostenible, y dado el contexto, es ese camino el que debemos seguir.

Según el INDH, en la Araucanía han existido 9 conflictos ambientales, de los cuales 2 se encuentran activos, 3 son latentes y 4 de ellos han sido cerrados. Un 56% de ellos se asocia a temas de Energía, un 33% a Pesca y Acuicultura, y un 11% a Saneamiento Ambiental. Todos estos conflictos atentan contra más de un Derecho Humano, entre ellos, el derecho a la participación y consulta indígena, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, derecho al territorio y a los recursos naturales, por mencionar algunos.

Conflictos ambientales como los mencionados hay 117 en Chile, 63 de ellos se encuentran activos (INDH), y no ratificar el Acuerdo de Escazú, es una señal clara del cierre de puertas a la democratización ambiental, consecuencia de la disparidad entre los tiempos políticos y los ecológicos. Los mecanismos para buscar soluciones ambientales deben adoptarse ahora, mañana será demasiado tarde.