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Distintas instituciones gubernamentales han rechazado el hecho considerándolo de mayor gravedad, la fiscalía centro norte sostuvo: “(se) detiene a carabinero por provocar caída de adolescente desde el puente Pio Nono a Río Mapocho (…) establecen presunto delito de homicidio fustrado”, por su parte la defensora nacional de la niñez, Patricia Muñoz, sostuvo “(…) ya hemos presentado la querella criminal por homicidio frustrado, que ha sido cometido por el funcionario policial que en el día de ayer de manera incomprensible e inaceptable empuja el cuerpo de la víctima”.

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A partir de lo anterior, podríamos decir dos cosas: 1. No son hechos aislados ya que recientemente el decimotercer juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para dos carabineros imputados por “el delito de torturas” y el arresto domiciliario total para un tercero “por apremios ilegítimos”, en el contexto de 18 de octubre del año pasado, y 2. Son hechos que atentan una y otra vez, con un Estado de derecho más preocupado de la seguridad que de la vida democrática (Carabineros demuestra una vez más, un “uso desproporcionado de la fuerza respecto a su rol preventivo”).

El tema que abordaremos en esta oportunidad está vinculado a la violencia ejercida por una institución del Estado, a saber, la ejecutada por carabineros, que ha mantenido su esencia pos dictadura, solo con algunos retoques estéticos. En este contexto, se opone el argumento de la seguridad del Estado y con ello, una serie de afirmaciones paternalistas hobbesianas asociada a la preocupación de sus ciudadanos, temerosos y vulnerables, al devenir de un “otro” violento y rebelde que debe ser reprimido con mucha fuerza y entereza, para que dicha acción, permita conservar la calma y control social, frente al argumento de los límites y alcances de los derechos humanos, y con ello, sería relevante, conocerlos en sus distintas dimensiones y aplicarlos correctamente en diversas situaciones, teniendo claridad que el Estado de derecho, debiera estar por sobre un Estado de seguridad, que debe ser urgentemente modernizado.

Esta pugna, padre/hijo, Estado/ciudadano, siempre es corregida, por un ente que es juez y parte, y si no es juez, interviene en los medios de comunicación como juez, perdiendo credibilidad frente a una ciudadanía cada vez más escéptica acerca de su rol. Así pues, un ciudadano común podría preguntarse: ¿por qué el “Modelo para el uso de la fuerza policial de Carabineros” declarados públicamente no se cumplen?, ¿existe una instrucción política al interior de la institución y otra exteriorizada en los medios de comunicación?, ¿qué tesis del uso de violencia defiende la institución?, ¿es posible confiar la seguridad del Estado, a una institución en la cual sus integrantes tienen un dudoso capital humano, que cada vez que se rebasan sus límites, termina usando equívocamente su rol?, nos quedaremos con una solución provisoria de la tesis sobre el uso de la violencia que defiende la institución, permitiéndonos con ello, responder qué elemento esencial es el que se debe extirpar de la institución.

Isabel Plaza, académica en Educación de Derechos Humanos (UAHC), escribió el año pasado una columna titulada “Violencia, la mala educación de las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado de Chile”, en la cual, sostiene que: “(existe) un modelo sistemático de violencia por parte de las fuerzas de carabineros para disipar manifestaciones” y agrega la declaración del ex coronel de Carabineros Carlos Alarcón, en el asesinato de Camilo Catrillanca: “La adrenalina, el celo policial me hizo ir más allá de lo necesario, no sé por qué le disparé, no sé explicar qué pasó en ese momento (…)”, que si viene cierto, no es una opinión institucional, demuestra la carencia de herramientas en situaciones límites, y además denota un protocolo débil y no correspondiente a la realidad de los ciudadanos.

En efecto, lo que podríamos encontrar tras, los “numerosos errores de carabineros” es un “modelo sistemático de violencia”, que no tiene un enfoque reflexivo ni verdadero en derechos humanos, vale decir, no existe una valoración verdadera por la otra persona, se sigue relevando la seguridad sin oposición a los derechos fundamentales de las personas. Así entonces, no es solución comprar más cámaras go pro (para justificar sus actos) ni una catedra de derechos humanos (para comprender sus actos) ni tener gacelas en vez de pistolas antidisturbios (para reducir la violencia).

En esta línea el diagnóstico realizado por Jorge Abbott, fiscal nacional, apuntaría en la misma línea: “Hay una cultura al interior de la institución que es muy compleja”, por tanto, para alcanzar los nuevos objetivos que tenemos como país, se debe refundar Carabineros extirpando de forma rigurosa y planificada a todos los funcionarios y metodologías que aún no entienden que la tesis de seguridad de Estado no debe necesariamente encubrir una violación de derechos 

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