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Ante el categórico triunfo de la opción “Apruebo” para escribir una nueva Constitución en Chile, el siguiente paso para avanzar en el histórico proceso, invita a plantear los temas que deberían ser considerados dentro de esta nueva carta magna, posterior a eso, elegir a los constituyentes idóneos para llevar adelante esas ideas. Ante la posibilidad cierta de que el deporte sea consagrado como un derecho fundamental, es necesario preguntar ¿por qué deberíamos incluirlo?

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Que el deporte sea incluido en la nueva Constitución, para algunos puede parecer una idea un tanto exagerada o secundaria en función de las demandas que se han ido estableciendo en los últimos años en el país, a raíz principalmente de la movilización y la organización social. Desde este punto, debemos entender que la inclusión del deporte pasa por el hecho de reconocerlo como un derecho fundamental, vale decir, entender el deporte como un derecho y/o libertad, que toda persona posee por el solo hecho de ser tal, y que se encuentre reconocido y garantizado por el ordenamiento jurídico.

De la definición anterior, desprendemos el término “garantizado”, para profundizar la idea planteada. Los derechos humanos se agrupan en tres generaciones, siendo la primera generación los derechos civiles y políticos, la segunda generación corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, para cerrar con la tercera, que incluye los aspectos vinculados a la solidaridad. ¿Qué garantías entrega hoy el Estado para el desarrollo del deporte, el cual se incluye en la segunda generación de derechos humanos?

Esta es la pregunta clave que nos permite despejar dudas acerca de la inclusión del deporte en la nueva Constitución, pues nos abre el camino a la discusión de aspectos configurativos del quehacer social, que están en completo abandono por parte del Estado. Desde el mal entendimiento deliberado del “principio de subsidiariedad” que hace la Constitución de 1980, la privatización pasó a ocupar un espacio preponderante en los derechos humanos de primera y segunda generación, algo que justamente no garantiza la promoción de derechos. Las leyes vinculadas al deporte hoy en día en el país, van de la mano de esta privatización, lo que a su vez genera un contexto excluyente de la práctica deportiva, alejándola cada vez más de su concepción como derecho, encasillándola en una lógica de consumo.

Por ende, debemos avanzar hacia una redefinición del vínculo deportivo con la sociedad, donde la propuesta es visualizarlo como derecho. Esto nos llevará a la superación de la falsa dicotomía planteada hasta ahora, en donde se entiende que una profesionalización del deporte, es igual a una privatización del mismo. De la mano a esto, en el país existe una confusión en torno a “deportes de élite”, como disciplinas que sólo unos pocos pueden practicar, lo que no es otra cosa que la elitización de espacios deportivos en función del poder adquisitivo que se tenga para su acceso. ¿Aporta en algo? Absolutamente en nada. ¿Propicia la visión deportiva como un bien de consumo los proyectos formativos? En ningún caso, por tanto, aquí emerge un tema a considerar con urgencia, la base desde la cual desarrollamos el deporte en edades tempranas, como así también la posibilidad de permitir la integración del deporte en la vida adulta, como una opción ya sea de carrera deportiva, como de esparcimiento, recreación y ocio, potenciando todos los beneficios en salud que esto conlleva.

Definidos estos aspectos, finalmente construir un discurso que permita un desenvolvimiento identitario del deporte dentro de la idiosincrasia del país y asegurar su continuo desarrollo y promoción, justamente por ser, un derecho fundamental.

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