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Vivimos en esos momentos en que es preciso mirar más allá de los árboles y atisbar que se está en medio de un proceso donde lo mejor está por venir: una verdadera revolución del bien común, que permita a todos y todas, sin distinción, sentirse acogidos en su propia tierra, cualquiera sea su condición, comprometidos con sostener juntos este hogar en que todos y todas cabemos.

Los movimientos juveniles y populares, que ya cumplen una década de ascenso sostenido, han dado sus primeros frutos; pero aún están en pleno desarrollo. Si bien se abrió la oportunidad de cambiar la Constitución, aún queda por ver cuánto se podrá avanzar en democratización y redistribución real del poder y los derechos. Coincide que este año se eligen todas las autoridades políticas del país, con la posibilidad de sumar al cambio constitucional un cambio profundo en el rumbo del país. Sin embargo, la dispersión progresista no es auspiciosa al respecto. Hasta hoy, lo que se ve en el horizonte es que se mantiene la refriega entre las dos fuerzas que han dominado la escena política los últimos 30 años: la elite multimillonaria, a quienes ha representado directamente uno de ellos en la Presidencia y la burocracia de la transición, que sin duda representa un tono distinto a la derecha de los multimillonarios, pero que ha contribuido a aumentar sus ganancias indebidas y la desigualdad creciente que tiene en la precariedad a millones de familias.

La derecha sabe que no puede seguir gobernando al modo Piñera, también que el camuflaje de sus candidatos es poco creíble para la población. Está a la espera de que se consolide algún candidato de la burocracia de la transición (los mejores 30 años de la historia, han dicho los grandes empresarios), para endosar su velado respaldo. La izquierda paradojalmente se ha fragmentado y vuelto irrelevante. El Partido Comunista, que tradicionalmente en los tiempos de alza del movimiento popular marcó rumbo con una política de favorecer amplias alianzas transformadoras, incluso en medio de su más radical lucha antidictatorial, muestra hoy una política sectaria y aislacionista, pretendiendo hegemonía en base a la agresión a quienes no comparten su deriva. El Partido Socialista y sus satélites parecen no tener más ambición que retornar este año al Gobierno, dispuestos a subordinar el programa de cambios reales y ser una continuidad, sea como una nueva Concertación o una nueva Nueva Mayoría, con políticas altisonantes de “chorreo” pero que no pongan en peligro los intereses de los multimillonarios, llámese renta minera, AFP o TPP11, por señalar las más cruciales.

El Frente Amplio que - por primera vez (antes hubo destellos como Mac Neef y MEO) logra expresar políticamente con organización y aparente consistencia al movimiento social por los cambios - terminó sin capacidad de conducción política, dividido y enajenándose el afecto que el pueblo le brindó masivamente en la figura de Beatriz Sánchez. Queda a su haber que el programa de su candidatura sigue vigente y, actualización mediante debido a los efectos de la pandemia, es una buena base para construir un nuevo Programa de transformaciones de la impostergable revolución chilena.

El Nuevo Trato y el Frente Amplio, si se lo proponen, pueden provocar un cambio en la actual inercia política y levantar una visión programática compartida, que tensione a sus respectivos aliados y convoque a la unidad social y política del pueblo. Ello es condición para la emergencia de candidatos realmente consistentes y viables que permitan conquistar ahora el Gobierno y el Parlamento, abrir el camino de superación de la crisis política y social aún latente, y conducir las transformaciones hacia un nuevo país, decente y amable para todas y todos.

En lo principal, este Programa considera:

1. Una Constitución democrática y habilitante, con plena soberanía popular y sin cerrojos de derecha ni de izquierda, desafío unitario de los progresistas en la Convención Constitucional.

2. Un Estado fuerte y renovado, con ingresos suficientes para respaldar sus iniciativas de bien común y sin la grasa que favorece a las burocracias políticas.

3. Un Estado de bienestar, con centralidad en garantizar a la población en su infancia y juventud, en su vejez y con protección eficaz ante la enfermedad. Seguro único de salud con un servicio público universal de primer nivel, pensiones dignas con sistema previsional real y educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles.

4. Reconocimiento de la nueva presencia de la mujer, las disidencias, los pueblos originarios tanto en la institucionalidad como en la cultura y la vida económica social.

5. Democratización de la economía de mercado, protegida de los abusos 

oligopólicos rentistas y un impulso público privado para la modernización radical de su matriz productiva, acorde a la emergente sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y el respeto al medio ambiente. Establecer un royalty minero significativo, nacionalización de las aguas, además de rediseñar a fondo el régimen tributario empresarial.