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La atención del sistema de salud en la región durante el año 2020, al igual que el resto del país y el mundo, estuvo marcada por la situación del coronavirus. Dicha situación resultó ser crítica, con cifras que anuncian que más del 10% de los habitantes contrajo la enfermedad, con 20.045 casos confirmados a la fecha y 276 fallecidos -sin considerar los posibles adicionales-, a lo que se suma el empeoramiento en el tratamiento de las enfermedades que dejan de ser prioridad, ante la pandemia.

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La crisis del COVID-19 presentó una terrible paradoja, pues la región es una zona que está constantemente aislada del resto del territorio del país, y no se logró controlar una pandemia cuya principal fuente de esparcimiento a nivel mundial han sido los viajes interregionales.

Una situación en que, pese a un comienzo difícil, luego dio lugar a un control de la misma, donde se llegó a tener cero casos durante varias semanas; para luego dar paso a una escenario de descontrol, que ha golpeado directamente la vida, la salud, y la economía de miles de magallánicos y magallánicas.

Ante dicho contexto, tanto las autoridades regionales y comunales de gobierno, como los representantes de la oposición política en la región, han mostrado graves falencias en su función de prevención, control, y fiscalización.

A lo anterior se suma la responsabilidad de varias empresas, que de manera irresponsable han dado lugar a grandes focos de contagio masivo, incluso con situaciones tan poco comprensibles como el empleo de trabajadores que han llegado a la región como casos activos de COVID-19, por lo que no se toman las medidas mínimas de prevención.

Todo este mal manejo se da en un contexto general, que consiste en planes para enfrentar la pandemia desarrollados de manera centralista, aplicados por autoridades reducidas a acatar y ejecutar, sin cuestionar, y con una prioridad bastante cuestionable, de intentar mantener una cierta normalidad en el flujo de viajes aéreos, por sobre medidas de contingencia, que protegerían de mejor manera la salud y la economía.

Así, el conjunto de los “yes man” del gobierno regional y comunal de Punta Arenas, y de la casi muda oposición política regional -que se reduce a intentar armar listas electorales, pero que no tiene ni propuesta ni crítica que ofrecer como alternativa-, han dejado la situación ante un vacío, donde nadie se hace responsable de las decisiones que se toman y de sus consecuencias. En el peor de los casos, se cambió un funcionario por otro, lo que no trae ningún tipo de solución, pues se continúan ejecutando las mismas políticas.

Sumado a lo anterior el hecho de que el país no podrá contar con una vacunación masiva hasta después del primer semestre de 2021, se hace necesario exigir soluciones y las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales ahora, y no continuar con una espera infinita y planes insuficientes, que continuarán produciendo un daño irreparable en la salud y sustento de miles de habitantes de la región.

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