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Han pasado 17 meses del estallido social, que en teoría generó un profundo remezón que permitió a Chile despertar de un sueño largo y profundo. Se supone que las características del despertar criollo permitirían cambiar la estructura en la que se manejaba el poder, otorgarían más igualdad de trato en las distintas capas sociales y, además, mayores beneficios económicos a los que menos recursos percibían. Sin embargo, ha sido lógico constatar, que, por la naturaleza de las demandas, no ha sido posible que se logren de un día para otro, porque no dependen exclusivamente de un solo agente regulador, sino que son problemas anclados a un paradigma económico-político instalado en dictadura y solo reformado en democracia.

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Ahora nos encontramos ad portas de la votación más importante de nuestra historia, porque quizás es la primera vez, que existen cosas realmente importantes en juego. No obstante, el esquema democrático en el que se juega esta partida solo ha recibido pequeñas variaciones en los últimos 30 años, haciendo depender las decisiones del país prioritariamente de los partidos políticos, siendo estos mismos, dueños y señores de lo que ellos juzgan como planteamiento vinculado con la voluntad popular. Esto se puede demostrar de forma sencilla, en dos casos:

1. El caso de personajes que cumplían cargos de representación popular que dejaron sus responsabilidades laborales para ir egocéntricamente a la constituyente, utilizando sus influencias con el propósito de defender los intereses de sus propios partidos políticos quid pro quo.
2. El caso de personajes con cierta trayectoria mediática que van en una lista financiada por partido político para arrastrar a otros que según las encuestas tienen bajas opciones de ser elegidos, utilizando su popularidad con el propósito de beneficiar indirectamente a una fuerza política determinada.

Esto demuestra que “el no queremos a los mismos de siempre”, solo fue un saludo a la bandera impidiendo que las candidaturas 100% independientes prosperen y puedan competir de forma igualitaria. En este contexto proclive a la prueba de la blancura de los partidos políticos, es tarea de la ciudadanía anticipar algunos posibles escenarios para al menos ir, supuestamente, el 15 y 16 de mayo con algún grado de certeza.

Claudio Fuentes, en La erosión de la democracia (2019) argumenta que los partidos políticos chilenos tienen un alto componente de institucionalización -que dicho sea de paso, explica la estababilidad de la democracia chilena interrumpida el 2019 por el estallido social-, y un bajo raigambre social, dado que: “(…) establecen vínculos no programáticos con sus electores y su estructura de financiamiento depende totalmente de los grandes grupos empresariales” (p.123), con lo cual concluye que, en Chile se produjo un proceso de progresiva “oligarquización” de personeros que detentaban el poder con igual fuerza que la élite dominante.

Sobre el punto que está en disputa en la elección de mayo, donde existe la posibilidad cierta de realizar “cambios radicales a nivel institucional”, lo más lógico es que los partidos políticos movilicen vergonzosamente a sus grupos más leales para mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué alternativa permitirá renovar el panorama político impidiendo que los dos casos -y, por cierto, muchos otros-, descritos anteriormente no prosperen en sus deseos? La única alternativa es que los electores comprendan que deben apoyar a los nuevos movimientos políticos con el propósito de desafiar el statu quo y esperar que tras el filtro de la nueva constitución, el sistema político sea renovado en su totalidad. Por esto, en las próximas semanas llegará la hora de la actuar en consecuencia con los principios originados en el octubre del 2019, no otorgando el voto a los partidos políticos y castigando democráticamente su pasado reciente.  

Bajo esta lectura, vale la pena tener en cuenta a Pierre Levy, quien promueve la tesis de una inteligencia colectiva robusta en la ciudadanía, justificando una respuesta progresiva y eficaz que permita instalar un nuevo paradigma político que tenga en la base un vínculo social fuerte entre los representantes y sus electores, posibilitando una capacidad de respuesta ajustada a las nuevas necesidades sociales.

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